lunes, 27 de septiembre de 2010

Deutsche Welle: Chile conmemora su Bicentenario enfrentando retos postergados

Chile dio los primeros pasos hacia su autodeterminación hace 200 años; hoy, la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el desafío más grande que el país suramericano debe enfrentar.



La dictadura militar de Augusto Pinochet dejó una huella tan profunda en el imaginario colectivo internacional que la historia de Chile previa al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende terminó cayendo en el olvido. Como si, entre el 18 de septiembre de 1810 –fecha en que el país suramericano dio los primeros pasos hacia su autodeterminación con la formación de su primera Junta de Gobierno– y el 11 de septiembre de 1973, su alargado territorio hubiera estado inhabitado; como si Allende y Pinochet hubieran salido de la nada.
Las victorias de Chile en guerras que culminaron con la anexión de provincias peruanas y bolivianas a su territorio en el siglo XIX han hecho difíciles sus relaciones con sus vecinos hasta hoy –Bolivia sigue reclamando su acceso al mar–, pero la explotación y exportación de la riquezas de esos suelos le dieron un impulso temprano a su economía. La administración eficiente de sus recursos le dio estabilidad al aparato gubernamental mientras buena parte de los países latinoamericanos estaban enfrascados en guerras civiles recurrentes.

Chile antes de Allende

La democracia se consolidó en Chile entre 1932 y 1973 a pesar de sus serias limitaciones. Cuando a las mujeres, los trabajadores del campo, los analfabetas y los indígenas se les otorgó el derecho al sufragio en los años setenta, se acentuó la polarización política que ya venía creciendo desde la década de los cuarenta por la estagnación que afligía a la economía nacional y la reducción de las posibilidades de distribución de la riqueza. Esa polarización política fue la que propició el ascenso de Salvador Allende a la presidencia de Chile.

Paralelamente a todos estos acontecimientos, la inmigración europea promovida por el Estado chileno tras declarar su independencia de España y la marginación de los habitantes originarios –práctica sistemática heredada de la Colonia– tuvieron un impacto tan grande sobre el tejido demográfico del país que los pueblos indígenas quedaron reducidos a una minoría empobrecida cuya voz apenas se escucha cuando clama por que se reconozcan y respeten sus derechos patrimoniales. De esa impotencia deriva la violencia que hoy amenaza a Chile.

El desafío más grande de Chile

Los aimara, los atacameños, los quechua, los rapa nui, los kolla, los alacalufe, los yámana, los diaguita y los mapuche no parecen haber sido aceptados del todo como chilenos. Han sido combatidos por los conquistadores europeos –el pueblo picunche se da por desaparecido–, ninguneados por el Chile blanco y mestizo desde el siglo XIX , expulsados de sus tierras por el régimen pinochetista y, aunque rescatados del olvido por el auge del indigenismo como movimiento político, tratados con poca diplomacia desde 1990.

En su artículo Chile tras veinte años de Concertación, la politóloga especializada en América Latina e investigadora de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), Claudia Zilla, enfatiza que el país sólo podrá consolidar su posición de democracia ejemplar en el continente americano si consigue reducir las desigualdades socioeconómicas que lo aquejan, una vez superados los escollos que trajeron consigo la crisis financiera global y el terremoto de febrero. Pero la distensión de las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche parece ser el reto más exigente que Chile tiene en sus manos al cumplir sus primeros 200 años.

Un Estado con cuentas pendientes

“En el enfrentamiento con los mapuche hay mayor potencial de conflicto que en la clásica lucha de clases socioeconómicas; la desigualad social se deja resolver mucho más fácilmente que las tensiones entre el Estado y los mapuche”, asegura Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, en Hamburgo, agregando que, aunque es verdad que hay grandes desbalances en la distribución de la riqueza nacional, los estratos más pobres de Chile tienen un poder adquisitivo mucho mayor que hace veinte años.

“Su discordia con los mapuche es uno de los grandes problemas irresueltos del Estado chileno, que todavía no ha encontrado una manera de abordar el tema de sus derechos que sea satisfactoria para ambas partes”, explica Nolte y sigue: “Los mapuche han sido discriminados desde la época de la Independencia, sobre todo durante la dictadura militar, cuando fueron expropiados de sus territorios, pero también después de ella: en sus tierras se han construido centrales hidroeléctricas y de sus bosques se saca un gran provecho económico”.

La herencia de Sebastián Piñera

“Los mapuches no están dispuestos a hacer concesiones de cara al Estado chileno y éste no está en capacidad de darle a los mapuches la autonomía que ellos aspiran tener; por eso hay tan poco espacio para la negociación entre ellos”, dice por su parte Peter Imbusch, profesor de Sociología en la Universidad de Wuppertal, autor de monografías dedicadas a la política de los países latinoamericanos y co-editor del libro Chile heute (Chile hoy) junto a Nolte. En su opinión, los mapuche no son ignorados, sino percibidos como un auténtico estorbo.

Según Imbusch, esta situación cambió muy poco durante los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de partidos de centro izquierda que aglutinaron a la oposición de Pinochet y que estuvo en el poder desde 1990 hasta marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en representación de la Coalición por el Cambio, una alianza de centro derecha. “Ahora que hay un nuevo mandatario cabe aspirar a que él tome la iniciativa de acercarse a los mapuche”, señala el catedrático de la alma máter de Wuppertal.

Salida negociada o violencia asegurada

“En el sur de Chile, donde viven los mapuche, este conflicto interno puede volverse virulento en el curso de los próximos años. Y es que, así como hay sectores de la población indígena que se han radicalizado y están dispuestos a enfrentarse al Estado usando la violencia, el Estado chileno se ampara bajo una legislación que data de la época de la dictadura militar para reprimir las protestas de los mapuche; el Estado chileno se percibe a sí mismo como una entidad unitaria que no puede aceptar las exigencias particularistas de los mapuche”, sostiene Nolte.

Amnistía Internacional ha denunciado las múltiples formas de discriminación de las que son víctimas los mapuche condenados por su presunta participación en la ocupación ilegal de tierras o la destrucción de instalaciones pertenecientes a empresas agrícolas y forestales en La Araucanía, asiento de varios pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. No hay garantía de que sus juicios sean justos, ellos son objeto de procesos tanto en tribunales civiles como militares –hecho que, por sí solo, alarma a las organizaciones de derechos humanos en el mundo–, y se les sigue aplicando la poco transparente Ley Antiterrorista.

Chile bajo escrutinio

Los agentes de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza al dispersar las manifestaciones de los mapuche y también durante la investigación y detención de personas imputadas. Ya en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo reconocer que el Estado chileno tenía la responsabilidad de hacer frente a los actos delictivos y mantener el orden público, pero resaltó que estas tareas debían desempeñarse “respetando todos los derechos garantizados por la Constitución e instrumentos internacionales”.

Imbusch advierte que sea cual sea el signo político de los Gobiernos chilenos por venir, ninguno podrá seguirse dando el lujo de mantener una actitud intransigente en esta materia: “Los mapuche han adquirido una gran relevancia y mucha fuerza gracias al valor que se le ha dado a los grupos étnicos originarios del mundo en los últimos lustros. Eso significa que hay una opinión pública de escala internacional que estará prestando atención a lo que el Estado chileno haga para integrar a los mapuches al tejido social de la nación. Y lo que ha hecho hasta ahora en ese sentido deja mucho que desear”.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editora: José Ospina-Valencia

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martes, 21 de septiembre de 2010

El Clarín de Chile: Seguimiento de ‘Edición Central 24 Horas’ del 11 al 17 de septiembre 2010

Informaciones que Televisión Nacional de Chile decidió no dar:

Telesur: Resistencia hondureña reúne 1,3 millones de firmas de apoyo a Constituyente

La Nación: Abogado norteamericano del estudio jurídico Indian Law representará a 16 familias de la Isla de Pascua que reclaman tierras.

RFI: El ministro alemán de Relaciones Exteriores negó que la canciller Angela Merkel y el presidente francés hubiesen evocado un desmantelamiento de campamentos gitanos en Alemania, tal como había afirmado Nicolas Sarkozy.
Cubadebate: La Unión Europea y Estados Unidos solicitaron a los países árabes que abandonen su proyecto de resolución pidiendo a Israel que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) estimando que podría perturbar las actuales negociaciones israelo-palestinas.
BBC Mundo: El fantasma de la escalada global en los precios de los alimentos vuelve a asomarse y con ello los temores de que se repitan las protestas masivas contra de los aumentos, como sucedió en 2008.
Telesur: La policía secreta interceptó comunicaciones del hoy presidente Juan Manuel Santos cuando era ministro.
Cubadebate: El canciller cubano precisó que el bloqueo norteamericano ha significado pérdidas para Cuba valoradas en 751 mil 363 millones de dólares teniendo en cuenta las más de 30 veces que el dólar se ha depreciado frente al oro desde 1961 a 2009.
Telesur: La Procuraduría General de Colombia solicitó a la Fiscalía acusar al general en retiro Miguel Maza Márquez, ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por el homicidio del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.
La Tercera: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay denunció hoy la expulsión de gitanos en Francia, la matanza de emigrantes en México y la práctica de EEUU de autorizar "asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley".
Cubadebate: Cerca del 15 por ciento de la población estadounidense vive hoy en la pobreza según previsiones de las cifras del 2009 y significa alrededor de 45 millones de personas -uno de cada siete estadounidenses-.
Radio Bío-Bío: El presiden de la Corte Suprema, Milton Juica, se pronunció contra del funcionamiento de la Justicia Militar en tiempos de paz.

Televisión Nacional en cambio sí informó:

Hay diferentes modelos de maletas para viajar,
El museo de la moda exhibirá trajes de Madonna
Un joven se cortó con hilo curado
Lady Gaga usó un vestido sorprendente
Un billete salió con fallas de corte
Luis Miguel cantó más de 30 canciones.

Artículo Original

miércoles, 1 de septiembre de 2010

CIPER: Falso tsunami de 2005: El bochorno que anticipó los errores del 27/2


En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.

El 16 de enero de 2005, al anochecer de un domingo como cualquiera, la región del Bío Bío fue escenario de un fenómeno que dio la vuelta al mundo. Sin que mediara una alerta oficial, sin que siquiera hubiese un temblor de menor intensidad que lo antecediera, un rumor recorrió poblaciones completas y generó pánico, descontrol y muerte.

–¡Se viene un tsunami, se viene un tsunami! –gritaba la gente al tiempo que huía hacia los cerros.

Gustavo Toro, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro, recordará ante un fiscal que esa noche, decenas de personas se dejaron caer en el cuartel, “comenzando a insultar y agredir al personal de guardia, presionándonos para que tocáramos la sirena”. En lo que calificó como “una situación caótica y casi insostenible para los voluntarios”, recordará también que la turba intentó llevarse el carro de bomberos.

Fue un caos que se prolongó por dos días. Las líneas telefónicas se saturaron, lo mismo que las carreteras. Hubo colisión de vehículos, peleas, accidentes, muertos y saqueos. El hecho concitó la atención mundial y se prestó para mofas. Poblaciones completas huyendo de una salida del mar inexistente y en apariencia infundada, salvo por un detalle: unas horas antes, a través de sus canales internos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había informados de un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter en la isla Yap, a nueve mil kilómetros de nuestras costas.

En la región del Bío Bío el informe del SHOA sólo circuló entre funcionarios de la Armada. Su propósito era descartar que ocurriría un tsunami en nuestro país. Pero todo indica que tuvo el efecto contrario.

Debido al impacto que provocó el falso tsunami en Concepción y sus costas, la Fiscalía Regional del Bío Bío abrió una investigación que condujo a una conclusión significativa a la luz de lo ocurrido el 27 de febrero último: el rumor se originó en poblaciones navales de Talcahuano.

Ante las evidencias que apuntaban a la Armada, la causa fue derivada a la Fiscalía Naval. Sin embargo, esta institución descartó cualquier responsabilidad de sus funcionarios y devolvió la causa al sistema civil. Entonces la investigación fue archivada y todo quedó reducido a una situación confusa y bochornosa que dejó decenas de heridos, daños materiales nunca cuantificados y dos personas muertas por paro cardiorrespiratorio: Irma Milla Muñoz (69) y María del Rosario Ballard (65).

No había un origen claro, aunque sí una motivación: dos meses antes había ocurrido el tsunami del sudeste asiático, que costó 230 mil vidas. Entre ellas la de la chilena Francisca Cooper, que tuvo amplia cobertura en los medios.

Lo relevante en este caso no es el efecto del rumor sino más bien la causa, atribuida a una impericia de funcionarios de la Armada destinados en Talcahuano, quienes habrían malinterpretado el comunicado del SHOA y luego alertado a familiares. Una situación que tiene semejanzas con lo ocurrido el 27 de febrero de 2010: el SHOA tuvo dificultades para interpretar la información disponible y terminó descartando la alerta de maremoto al tiempo que las olas devastaban las costas del país.

Junto con lo anterior, la investigación de 2005 que llevó a cabo el entonces fiscal jefe de Talcahuano, Raúl Bustos Saldías, también detectó graves deficiencias en la respuesta de las autoridades encargadas de afrontar emergencias. Deficiencias que se asemejan a las exhibidas por las mismas autoridades a comienzos de este año y que hoy son materia de una nueva investigación del Ministerio Público.

MORTALMENTE PARECIDOS

El falso tsunami quedó grabado en la memoria de los habitantes de la VIII Región. Un trauma que permanecía latente al 27 de febrero último. Por ello, y por el fuerte impacto social que provocó, algunas autoridades civiles del antiguo gobierno hoy se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que pudo influir en la indecisión con que se manejó la emergencia. Si decretaban la alerta de maremoto, temían repetir un fiasco como el de 2005. Por lo demás los actores no eran muy distintos.

Carmen Fernández por entonces oficiaba de directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). El titular, Alberto Maturana, se encontraba participando en Japón de un seminario sobre emergencias. Maturana tuvo que dar explicaciones ante expertos de todo el mundo. Fernández fue la encargada de manejar la crisis, llamando a la calma y asegurando que el organismo que representaba disponía de un sistema de prevención con “una posición de vanguardia en el mundo”.

Marcos Oyarzo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de los que creen que los hechos de 2005 bien pudieron haber influido en la indefinición con que actuaron las autoridades hace seis meses. Recuerda que fue “una experiencia traumática que obligó a replantear los planes de contingencia para colaborar con la ciudadanía”.

La señal más clara de que para 2010 ese hecho aún estaba fresco entre las autoridades la dio el destituido director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas. En su comparecencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Rojas dio cuenta de lo que estaba en juego a la hora de sopesar los antecedentes que lo llevaron a levantar la alerta de tsunami:

-Cualquiera de las dos decisiones podía acarrear alguna situación indeseada. Es más, podría haber ocurrido que yo hubiera mantenido la alerta. Quizás la gente hubiera corrido, quizás hubiera muerto gente, derivado de que no bajaron de los cerros, que estaban en los hospitales, niños, accidentes, etcétera, y probablemente hoy día estaría siendo juzgado porque no cancelé la alerta con los antecedentes que tenía.

GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

La madrugada del 27 de febrero de 2010, casi media hora después de ocurrido el terremoto, los dos funcionarios que se encontraban de turno en la Onemi recibieron un fax proveniente de la Armada. Se titulada “Alerta de tsunami” y lo esencial, destacado en negritas y mayúsculas, decía lo siguiente: (EL SISMO) FUE DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR TSUNAMI. SE DESCONOCE SI SE HA PRODUCIDO. SI SE DIERA LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA, SITUACIÓN QUE SERÍA INFORMADA OPORTUNAMENTE EN LAS HORAS ESTIMADAS, SERÍAN LAS SIGUIENTES (HORAS).

Tanto ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como ante la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en los sistemas de alerta, los dos funcionarios de turno de la Onemi declararon que el documento les resultó ambiguo. Y no sólo eso: a juicio de ambos, se contradecía con la información que les transmitía el SHOA por frecuencia VHF.

–No tenemos ningún reparo en declarar una alerta de tsunami si la información es clara y precisa –testificó ante los diputados el radio operador de la Onemi, Rafael López–. Sin embargo, en este caso, a mí entender, no fue así.

En tanto, el capitán de navío Mariano Rojas, quien dirigía el SHOA y resultó destituido por los errores de ese organismo, dirá que el fax fue claro, partiendo por el título, y que los mensajes radiales –de los cuales no existe respaldo– no hicieron más que ratificarlo.

–Obviamente, si la Onemi tenía dudas sobre las acciones que estábamos proponiendo, debió preguntar. Deberían haberme dicho que no les quedaba clara la información –sostuvo ante los diputados el ex director del SHOA.

Cinco años atrás, la tarde del domingo 16 de enero, otro fax proveniente del SHOA generó confusión. Tras dar cuenta de un sismo en la isla Yap, en la Micronesia, el comunicado describía en letras mayúsculas la siguiente situación: LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE. SIN EMBARGO, PUEDE PROVOCAR PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CERCANAS AL EPICENTRO.

El fax fue despachado a las diferentes gobernaciones marítimas y capitanías de puerto, además de la Onemi. A todas luces es más claro y directo que el anterior, sin dejar lugar a ambigüedades. Sin embargo, por alguna razón, atribuida tal vez a la prevención respecto a que el sismo “puede provocar pequeños cambios en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro”, en la principal zona naval del país no lo habrían leído correctamente.

Resulta significativo que el error –de acuerdo con las indagaciones del fiscal Raúl Bustos– se haya generado en la Base Naval de Talcahuano. La II Zona Naval es el mismo escenario de una fuerte controversia por la información que la madrugada del 27 de febrero entregó su máxima autoridad, contralmirante Roberto Macchiavello.

De acuerdo con testimonios de representantes de Carabineros, Bomberos y operadores de puerto y ex autoridades políticas, en las horas posteriores al terremoto el jefe naval descartó en todo momento la ocurrencia de un tsunami, lo que fue transmitido a la población por el intendente Jaime Tohá. El contralmirante Macchiavello, quien se mantiene en su puesto, niega estas versiones. Ninguno de los dos aún ha prestado aún declaraciones ante la fiscal.

CONTRADICCIONES

El oficio de mayo de 2005 con que el fiscal Raúl Bustos se declaró incompetente para seguir investigando el falso tsunami, derivando la causa a la Fiscalía Naval, señala lo siguiente:

“Se obtuvo antecedentes que confirman fuente de origen de la información en la Armada, por lo que se procedió a tomar declaración a funcionarios de la Gobernación Marítima de Talcahuano, que en términos generales arrojaron contradicciones sobre procedimientos, competencias, informaciones y hora de ocurrencia de los hechos”.

Las contradicciones habrían partido por los canales de comunicación internos.

Si bien uno de los marinos declaró ante el fiscal que la información del SHOA debería ser recibida por la Oficina Distribuidora de Mensajes, que reporta al oficial de servicio y éste a su vez al gobernador marítimo, la investigación del Ministerio Público determinó que este procedimiento no se cumplió.

No todos los marinos que estaban de turno ese día y que fueron interrogados parecían tener claro qué hacer en caso de una emergencia.

Mientras el cabo primero Ricardo Mella Cruces dijo que en caso de una alerta de tsunami debía activarse el Plan Campanazo, procedimiento que “no dura más de tres minutos” y en el cual “el gobernador marítimo toma el control de la situación”, el cabo segundo Rodrigo Cutiño Barrientos, a cargo de la central telefónica, declaró que, “en caso de que hubiera ocurrido un tsunami, no existía un plan de operación”.

En problema no sólo estaba en la Armada. Como en la Oficina Regional de Emergencia (Oremi) del Bío Bío trabajaba únicamente su director, Juan Enrique Romero, quien sólo laboraba días hábiles y en horario de oficina –lo que se repetirá en 2010–, éste recibió en su casa un llamado telefónico desde Santiago para advertirle que le habían enviado un fax a su oficina. Ese fax era el mismo despachado por el SHOA.

Para entonces, el pánico comenzaba cundir en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco y Coronel. En su declaración ante el fiscal, Romero dirá que la primera información que tuvo sobre evacuaciones masivas provino de un sector de marinos de la población Las Higueras. “Había movimiento de gente que estaba cargando sus vehículos para arrancar hacia el cerro”, testificó el funcionario.

De acuerdo con el mismo relato, cuando la situación ya estaba fuera de control, pasada la medianoche, el director de la Oremi del Bío Bío logró tomar contacto con Carlos Morelli, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, a quien le dijo: “Alguien tiene que salir a desmentir esto”.

Como se desprende de esa declaración, no había claridad acerca de quién debía asumir la vocería en una crisis. Tampoco en la Onemi parecía haber un plan de acción definido en casos como estos.

En el mismo testimonio, Juan Enrique Romero contará que cerca de la medianoche, tras tomar contacto con Carmen Fernández, quien oficiaba de directora subrogante de la Onemi, “planificamos respecto de estrategias a seguir para comunicarle a la población de que todo era una falsedad, y optamos como primera medida concurrir a los medios de comunicación”.

A raíz de esa experiencia, unos meses después del falso tsunami la intendencia regional suscribió un acuerdo para que radio Bío Bío oficiara de emisora oficial en caso de emergencias. Pero no es que ese acuerdo se haya activado el 27 de febrero último, señala Piero Mosciatti, uno de los propietarios de Bío Bío: simplemente era la única emisora que estaba en condiciones de operar.

Lo cierto es que en 2010 no hubo oportunidad de poner en marcha estrategia alguna. Jorge Henríquez, quien oficiaba de director de la Oficina Regional de Emergencia del Bío Bío, sólo pudo comunicarse con la oficina central en Santiago por pocos segundos mientras se desarrollaba el terremoto. Después quedó incomunicado como buena parte de la población.

Henríquez no era el único funcionario de la Oficial Regional de Emergencia. Desde 2008 trabajaban otros tres. Sin embargo, no había implementado un sistema de turnos para funcionar las 24 horas.

ISLA QUIRIQUINA

Desde su oficina en el centro de Concepción, donde hoy ejerce la actividad privada, el ex fiscal Raúl Bustos recuerda que la investigación de 2005 fue igual a buscar una aguja en un pajar. No había claridad acerca de cómo había empezado el rumor, y en teoría, porque nadie se hacía cargo de él, cada habitante cercano a la costa de la del la VIII Región era un potencial testigo.

–Nuestro punto de partida fue el siguiente: para que esto haya prendido tiene que haber sido una fuente creíble –dice el abogado.

Con este principio, el fiscal y dos policías interrogaron a decenas de potenciales testigos, varios de los cuales coincidían en que los primeros movimientos se habían generado en población Higueras, de amplia presencia de marinos. Pero la pista más clara surgió cuando dieron con dos mujeres, familiares de funcionarios de la Armada, que coincidían en haber escuchado una alerta pública mientras se encontraban gozando de una tarde de playa en la isla Quiriquina, sede la Escuela de Grumetes.

En su declaración a fiscalía, Nilda Luisa Mellado Retamal aseguró haber escuchado junto a una sobrina un llamado de alerta ante la proximidad de un tsunami. El testimonio fue ratificado por la sobrina, Miriam Elizabeth Bravo, quien estaba casada con un sargento 1° de la Armada. En su testimonio, que quedó adjunto a la carpeta de la investigación naval, se lee lo siguiente:

-Cuando escuché esto me miré con la tía Nilda y le pregunté: Tía, ¿escuchaste? Y ella me miró igual de sorprendida y me dijo Sí, escuché, y nos reímos en ese momento. Nos causó gracia y ahí nosotras nos empezamos a preguntar ¿Qué vamos a hacer?, ¿por dónde vamos a arrancar? (…) Pienso que el resto (de las personas) pensó que era una broma.

Los testimonios de ambas mujeres –junto con otros elementos de prueba– llevaron al fiscal a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la Fiscalía Naval de Talcahuano. La causa fue seguida por el capitán de corbeta Juan Pablo Soteras Campos, quien ofició de fiscal naval y completó dos gruesas carpetas con múltiples testimonios de marinos que contradecían la tesis de su par civil. Ninguno había escuchado algo semejante a una alerta de tsunami en la isla Quiriquina. Ni en la isla ni en ningún otro lado. Ninguno arrancó a los cerros ni reparó en el caos que vivía Talcahuano.

En buenas cuentas, los cerca de cincuenta funcionarios de la Armada interrogados por el capitán de corbeta desmintieron tener relación alguna con el origen del rumor.

El 14 de diciembre de 2005, la Fiscalía Naval de Talcahuano se declaró incompetente por cuanto, según se lee en la resolución, “no existe participación de personal militar” en los hechos investigados.

Sobre el fax del SHOA, indica que fue recibido en Talcahuano “por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y en la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, sin que ninguno de estos Mandos en Jefe difundiera la información a sus Unidades y Reparticiones dependientes. Por lo tanto, el mensaje nunca fue recibido en la isla Quiriquina”. También consigna que “se interrogó al personal naval residente en (la población) Higueras a la época de los hechos investigados, manifestando todos que no hubo evacuación de personal naval”.

La resolución está firmada por Fernando Jiménez Loosli, capitán de fragata y auditor naval, y por el contralmirante Daniel Arellano Walbaum, jefe máximo de la base de Talcahuano que actúa como juez naval. Este último oficial dejará su cargo y pasará a retiro en los mismos días en que despachó el citado informe. En la ceremonia de despedida, Arellano Walbaum destacó que el falso tsunami permitió extraer enseñanzas “tanto en aspectos comunicacionales como en los sistemas de alerta y de emergencia”.

Entonces la causa volvió al Ministerio Público y a principios de 2006 fue archivada definitivamente.

SEÑALES DE ALERTA

Lo ocurrido en 2005 fue una lección que bien pudo servir para afrontar de mejor manera la emergencia de 2010. Un llamado de atención. Así lo alertó una editorial del diario El Sur de Concepción publicada en 2007, a dos años del falso tsunami: “Más allá de los recuerdos de una huida en masa, lo más evidente de aquellas horas de terror fue la nula preparación regional para enfrentar una emergencia de semejante magnitud”.

Las fallas en los sistemas preventivos también fueron alertados por quien fuera director del SHOA hasta 2005. De acuerdo con cercanos al capitán de navío Roberto Garnham Poblete, éste insistió permanentemente ante las autoridades civiles y militares de las deficiencias de los sistemas de alerta y emergencias ante tsunamis. Estaba convencido de que en cualquier momento podría ocurrir un desastre de esa naturaleza. Por ello implementó un sistema de conexión directo y permanente con el ex director de la Onemi mediante una radio HF. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por sus superiores.

También el fiscal que llevó la causa del falso tsunami se queja de no haber sido tomado en serio.

–La verdad de las cosas es que en ese tiempo estaba solo en esto. No había ánimo de llegar a la verdad ni de formalizar a alguien, menos a algún funcionario de la Armada. El mensaje que recibí de mis superiores fue que esta investigación había que terminarla cuanto antes –se queja el Raúl Bustos, sin especificar el nombre de los aludidos.

Una situación similar puede ocurrir con la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta. No porque no haya ánimo de investigar, todo lo contrario: cuenta con apoyo institucional y desde que se hizo cargo de la causa ha realizado un fuerte despliegue por el centro y el sur del país en busca de antecedentes. Sin embargo, si llega a establecer responsabilidad de funcionarios de la Armada, como parece estar ocurriendo, se verá obligada a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la autoridad naval.

Artículo original aquí