El Mostrador: El exterminio de la familia Poblete Tapia

Más de 10 años han pasado desde la muerte de Vinicio Poblete Vilches. Falleció en el Hospital Sótero del Río y aún su familia desconoce las causas de su deceso. La justicia en Chile les dio la espalda y comenzaron a buscarla fuera del país: en la CIDH. Pero hoy, a la espera de una solución amistosa con el Estado –que no llega – la familia se desmorona. La viuda de Poblete murió, su hija está en la clínica, su hijo tiene 4 tumores sin tratar y el menor de los hermanos es parapléjico. Esta es la historia de cómo les dieron la espalda.

Vinicio Poblete Tapia (50), hace dos meses, estaba en el living de su casa en La Pintana, cuando entró su hermana Leyla (44). En cosa de segundos, ella sacó un revolver y lo colocó en su cabeza, luego lo cambió y se disparó en el estómago. Cayó desplomada. Minutos antes, Leyla le había dicho a su hermano –pensando que serían sus últimas palabras – “yo no doy más de la vida, no doy más de todo esto… Ellos (el Estado) están jugando con nuestro sufrimiento. No le importamos a nadie”.

En un acto de desesperación, Leyla Poblete quiso poner fin a más de 10 años de lucha incesante por alcanzar justicia. La muerte de su padre, Vinicio Poblete Vilches, ocurrió en el Hospital Sótero del Río, el 7 de febrero del 2001, y hasta el día de hoy, se desconoce el motivo de su deceso. Pese a sus ruegos y peticiones los directivos del Hospital nunca quisieron darle una respuesta. “Todo esto ha pasado porque somos pobres. Por ser pobres se nos negó el derecho a la justicia, por ser pobres las autoridades del Estado nunca nos escucharon”, afirma Vinicio Poblete (hijo).

Buscando justicia

Durante todo este tiempo, la familia Poblete Tapia ha presentado dos querellas criminales por homicidio, una el 2001 y otra el 2005. Pero el Primer Juzgado de Letras de Puente Alto sobreseyó el caso. En dos oportunidades. La última fue en junio del 2008, a la espera –se dijo- de nuevos antecedentes. Hoy, el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde fue declarado admisible el 2009: llevan más de un año intentando alcanzar una “solución amistosa” con el Estado de Chile.

En noviembre del 2009 el Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, ofreció a la familia Poblete Tapia una indemnización de $40 mil dólares que nunca se concretó. Hace dos semanas, “se nos ha señalado que el Estado no está en condiciones, ni siquiera, de ratificar el planteamiento que hizo en noviembre. Lo que significa llevar esto a un punto muerto”, asegura el abogado Sergio Espejo, quien lleva la causa en representación de la familia. El dramático caso es uno de los trabajos probono del jurista, quien advierte la díficil situación de sus representados. “Si nosotros no tenemos una respuesta pronta, declararemos finalizado el proceso de negociación. Es gente cuyo estado de salud no permite postergar mucho más este trámite”, dice.

Vidas contra el tiempo

“Con la muerte de mi papá destruyeron a mi familia”, explica Vinicio Poblete, recordando que desde ese momento una seguidilla de enfermedades y tragedias familiares invadieron sus vidas. “Mi mamá cayó en depresión y le vino cáncer. Nada la pudo sacar adelante… vivía llorando porque no hay justicia en Chile”, afirma.

Blanca Tapia murió el 2003, esperando esclarecer la muerte de su esposo. Dejó en su casa a tres de sus cuatro hijos: Vinicio, que hoy tiene tres tumores creciendo en su garganta y uno en su pulmón; Leyla que sigue hospitalizada tras su intento de suicidio; y Gonzalo (28), que sufre un retraso mental severo, paraplejia, cifolordosis severa (una desviación progresiva de la columna), malformación congénita y estravismo convergente. Vinicio y Leyla nunca se casaron y hoy deben cuidar a su hermano. Ambos tienen depresión y el llanto es algo cotidiano. Para colmo, en abril del año pasado se incendió la casa donde vivían juntos. Lo perdieron practicamente todo. La foto del siniestro es una mezcla de maderas carbonizadas y enseres derretidos por el fuego.

Leyla Poblete se debate entre la vida y la muerte en la Clínica Dávila. Como su familia ya no confía en la salud pública, su hermano, Vinicio, optó por llevarla a ese recinto privado y firmó un pagaré hace más de un mes para mantenerla hospitalizada. No sabe cómo pagará aquella cuenta. Hoy pasa el día cuidando de su hermano “Gonzalito”, visitando a su hermana y manteniéndose al tanto del caso. “Hemos tenido que sacrificar nuestra felicidad… vivimos preocupados sólo del caso”, afirma Poblete, quien ha postergado todo tipo de tratamiento de sus tumores, tras la hospitalización de su hermana.

El inicio de la tragedia

Antes de la muerte del patriarca, la familia Poblete Tapia iba todos los domingos a misa. Era una familia creyente y su padre, Vinicio, siempre les enseñó a temer a Dios y a perseguir el bien. El sueño de Leyla es ser monja, pero ha postergado su sueño por mantenerse junto a su familia. En ese tiempo vivían todos juntos, los padres junto a sus tres hijos. Todos trabajaban y aportaban para mantener la casa. Leyla y Vinicio (hijo) nunca se casaron y no tienen pareja, su núcleo familiar se mantuvo igual que cuando eran niños… hasta que su padre murió a los 76 años. Ahí todo comenzó a derrumbarse. Hoy su historia parece ficción.

Vinicio Poblete Vilches ingresó, por problemas respiratorios, al Hospital Sótero del Río el 17 de enero del 2001. Sufría de dos tipos de diabetes y aún así, fue operado del corazón. Pero según su familia, nunca autorizaron dicho procedimiento. Pero el documento que permitía la intervención tenía la firma de su esposa Blanca Tapia. El problema –que desconocían quienes alteraron el permiso- es que la señora Blanca no sabía ni leer ni escribir. Sólo seis días después, Don Vinicio fue dado de alta –en muy mal estado como cuenta su familia – y tuvo que volver a los dos días.

Menos de veinte días después, el 7 de febrero, llaman a la familia del Hospital para comunicarles que Vinicio Poblete Vilches había muerto de un paro cardíaco. Sin embargo, más tarde un certificado de defunción de la morgue, señalaba que la causa de muerte había sido un shock séptico y bronconeumonía bilateral. Por otro lado, una cinta pegada en el pecho del cadáver decía que había fallecido de un edema pulmonar. La familia, desconcertada pidió la realización de una autopsia, la cual fue negada por los médicos, como afirma Vinicio hijo.

Lo que vino después fue la búsqueda de justicia. Donde la viuda Blanca, junto a su hija Leyla acudieron al Centro Jurídico Gratuito de Yungay de la Universidad Bolivariana. Entablaron querellas criminales e incluso se ordenó la detención de dos de los médicos que trataron a su padre. La orden de aprensión contra el doctor Luis Gerardo Carvajal Freire, por el supuesto delito culposo de homicidio por negligencia médica, nunca se concretó. En los diversos reportes del Primer Juzgado Civil de Puente Alto, firmados por las magistrado Colomba Guerrero y luego por su reemplazante Francoise Giroux Mardones, se dice que la mayoría de los imputados no fueron habidos para declarar. Pese a que siguen trabajando en el mismo hospital.

La CIDH, una luz de esperanza

“Cuando recibimos la noticia (de que la CIDH había declarado admisible el caso) con mi hermana fuimos a darle gracias a Dios, porque al fin alguien nos estaba escuchando y se iba a hacer justicia por la muerte de mi padre”, afirma Vinicio Poblete. Esto sucedió en marzo del 2009, siete años después de iniciados los trámites.

Llegar a la Comisión no fue fácil. Poblete se enteró de su existencia por el diario e inmediatamente mandó una carta a la CIDH con su caso. Fueron meses de enviar cartas y luego años de llamadas y envíos de documentos. Al final llegó una respuesta esperanzadora de la CIDH: “La Comisión toma nota de que los hechos alegados ocurrieron en un hospital público y la información se encuentra en poder del Estado, por lo que este tenía la obligación y los medios para investigar lo denunciado”.

En la espera de justicia murió Blanca Tapia el 2003. Dos años más tarde, la muerte acechó a Vinicio Poblete… se le diagnosticó cáncer al riñón. Con ambos padres fallecidos y Vinicio con un cáncer –que luego terminó por jubilarlo– su hermana Leyla tuvo que tomar el mando y cuidar de sus hermanos.

En esa época los ingresos económicos de la familia se redujeron a tal punto, que para costear los tratamientos, el envío de documentos y la vida, tuvieron que comenzar a vender cosas… incluso la silla de ruedas de su hermano inválido. Frente a la crítica situación que hoy viven, Vinicio Poblete dice que “el Estado ha actuado con indiferencia, como si nosotros no fuéramos chilenos. No le importamos al Estado”.

Salud chilena arriesga condena

Si se declara finalizado el proceso de negociación amistosa, el abogado Sergio Espejo, solicitará a la Comisión que emita un informe. “Es una suerte de sentencia. Se establecen los hechos que ella considera se han dado por acreditados y se le plantea al Estado una serie de exigencias a cumplir”, afirma Espejo. En caso de que no las cumpla –en un plazo breve de meses – la Comisión presenta los antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se inicia una demanda internacional.

Si esto sucede, sería la primera vez en la historia de la CIDH, que se establece que “en un país (Chile) se ha producido una violación al derecho a la salud de las personas”, afirma Espejo. Agregando que esto cambiaría “las condiciones de Chile respecto del Sistema Interamericano. Es una ralladura de pintura importante”. Si esto pasa a la Corte, Chile podría arriesgar una condena internacional por la mala calidad de sus servicios de salud pública.

Las denuncias ante la CIDH buscan que el Estado chileno “reconozca que se violó el derecho a la integridad física, el derecho a la salud y que se le denegó justicia a la familia”, dice Espejo y agrega que también se busca establecer medidas que aseguren que casos como este no se vuelvan a repetir.

La familia Poblete Tapia había solicitado una indemnización que incluía una serie de prestaciones que en total sumaban $50 millones. “Hemos planteado que se trata de una familia no sólo muy pobre, sino que con una situación de salud muy precaria. Por lo tanto, solicitamos que el Estado considerara prestaciones médicas”, asegura Espejo.

Con el dinero que reciban, si lo reciben, los hermanos Poblete quieren comprar una parcela en la Quinta Región “para que mi hermanito respire aire limpio”, dice Vinicio. Pero la energía se está acabando luego de 10 años de lucha incesante. Hoy el mayor de los Poblete explica con voz entrecortada y lágrimas en los ojos: “Desde lo que le pasó a mi hermana no he podido entrar a la iglesia… estoy perdiendo la fe. Estoy al borde de… cansado de sufrir. Porque en estos diez años no hemos tenido una gota de felicidad”.

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CIPER: La reconstrucción pendiente del intendente del Maule

Rodrigo Galilea asumió como intendente con la misión de liderar la reconstrucción de la Región del Maule, labor que realiza desde marzo. Mientras, vecinos de las Villas Galilea en Curicó, Los Ángeles y Melipilla construidas por su empresa acusan falta de respuesta ante los daños que sufrieron sus hogares después del terremoto, producto de fallas constructivas. Aunque algunos han aceptado las reparaciones ofrecidas, otros han optado por demandar a la empresa y a la fundación que representa, la que les vendió las casas y que también está ligada al intendente Galilea, su familia y al presidente del Colegio de Ingenieros, Fernando Agüero.

“¡Venga a ver nuestras casas, después ocúpese de los edificios públicos!”, recriminó un vecino de Curicó a Rodrigo Galilea, quien como intendente designado de la Región del Maule visitaba las instalaciones del destruido diario La Prensa. La escena ocurrió el 5 de marzo pasado y fue descrita por el diario El Mundo de España, hasta donde llegó la polémica por la protesta de una decena de residentes de la Villa Galilea, quienes culpaban al futuro intendente de los daños sufridos tras el terremoto en las viviendas hechas por su constructora, Galilea S.A. No fueron los únicos afectados. La empresa es también responsable de numerosas casas en Los Ángeles y en Melipilla que evidenciaron graves problemas tras el sismo.

“Sebastián Piñera designó a Rodrigo Galilea por su vasta experiencia en el área de la construcción. Bien hubiera hecho en advertirle que si aceptaba el cargo, tendría que desvincularse de sus funciones empresariales”, concluía con dureza el periódico español.

Rodrigo Galilea Vial es reconocido en el Maule por esas “funciones empresariales”. Tiene 43 años y es abogado de la Universidad Católica. Luego de terminar su carrera en 1990, formó junto a sus hermanos Pablo y Felipe la empresa de Ingeniería y Construcción Galilea S.A., con proyectos realizados en el sur y centro del país. En 1992 creó la Constructora Pehuenche Ltda., y en 2005 el grupo formó Aguas San Pedro, empresa abastecedora y distribuidora de agua potable y tratamiento de aguas servidas de la Región del Bío Bío, con presencia en las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Chillán. En total, en la declaración de patrimonio del intendente son 16 las empresas o sociedades con las que se relaciona.

Pese a que aún conserva el 99% de la compañía y a que cuando se construyeron las casas y al momento del terremoto Rodrigo Galilea era dueño, gerente y representante legal de la constructora, se excusó de responder las preguntas de CIPER por haberse desligado de la gestión al asumir la intendencia. Las explicaciones sobre las quejas de los vecinos por los daños a las viviendas las dio el nuevo gerente general, Álvaro Tapia, pero sus respuestas no fueron suficientes para aclarar todas las dudas sobre la compañía y su vínculo con una fundación sin fines de lucro que intermedió la venta de muchas de las casas dañadas.

Galilea está concentrado en ejercer como máxima autoridad regional, cargo en el que fue designado un poco antes que el resto de los intendentes, al representar una de las zonas más dañadas de Chile luego del terremoto. El nombramiento lo sorprendió cuando aún ejercía como gerente general de la constructora y mantenía sus otros negocios privados. En una entrevista en la web Redmaule.com, la autoridad declaraba su pasión por los deportes, su devoción religiosa y su gran desafío como intendente: “Hay que ir sembrando las iniciativas que nos permitan reconstruir la región lo antes posible”, expresaba Galilea.

Según el Plan Nacional de Reconstrucción, la Región del Maule ha sido la segunda zona del país con más inyección de recursos, luego del Bío Bío, con cerca de 300 mil millones de pesos, un 30% de lo invertido en los seis primeros meses. A Galilea le corresponde coordinar la gestión de dicho plan. Pero los vecinos de la Villa Galilea de Curicó no entienden cómo, quien debe encargarse de reconstruir su región, no ha respondido adecuadamente al daño en las casas que su empresa levantó hace menos de cinco años. Tampoco están satisfechos muchos de quienes habitan casas Galilea en la Región Metropolitana y en el Bío Bío.

Los Ángeles caídos o los caídos de Los Ángeles

“En Galilea nos hemos propuesto lograr la satisfacción plena de nuestros clientes”, dice la página web de la empresa. Pero satisfacción está lejos de ser el calificativo para el malestar de las 38 familias de la Villa Galilea de Los Ángeles que presentaron en agosto una demanda debido al daño de pisos y el asentamiento de sus casas en hasta 50 cms., además de destrucción de muros interiores y cortafuegos, tabiques, puertas y ventanas, luego del terremoto.

Las propiedades más antiguas tienen seis años. Las más caras costaron cerca de 600 UF y algunas ya habían presentado problemas de humedad e inundaciones en 2004 y 2006. Después del terremoto, seis de ellas tuvieron que ser demolidas y luego reconstruidas por la empresa. Otra treintena de propietarios aceptó la oferta de la empresa de reparar las viviendas. Algunos lo hicieron porque no tenían seguros y los que sí lo tenían debieron entregarlos a la empresa para cubrir parte de los costos. Según vecinos, hasta ahora no los han dejado revisar el proyecto de reconstrucción ni hay un inspector de obras que evalúe la calidad de los trabajos.

Tras el sismo, la Municipalidad de Los Ángeles derivó la evaluación del daño al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) pues parecía evidente que el origen del problema estaba en el suelo donde se construyó. Este organismo entregó un informe fechado el 27 de marzo que califica como graves los daños en 120 viviendas del sector: “Los daños estructurales provocados en las viviendas corresponden al descuadre de muros, pisos y techo, con grietas en pisos, muros y patios, y asentamientos diferenciales”.

El informe asegura que las casas se construyeron sobre humedales que fueron mal rellenados, incluso con escombros, como bolsas de plástico, papel, pedazos de cemento, piedras y hasta basura. Esto explicaría las constantes inundaciones y humedad que antes del terremoto sufrían las viviendas, pues “a los terrenos llegan cursos de aguas superficiales y aguas subterráneas, las primeras no fueron canalizadas y las segundas escurren sub-superficialmente saturando los suelos de fundación de las viviendas”.

A partir de las sugerencias de los expertos, se puede concluir que las casas no debieron construirse ahí: “Se recomienda zonificar esta área como no apta para la instalación de viviendas y servicios básicos prioritarios”. Además, aconsejan trasladar a los propietarios a una zona libre de licuefacción, un proceso geológico que provocó que, con el movimiento del terremoto, la tierra poco compactada expulsara agua y que el suelo se hundiera. El informe confirma las acusaciones de vecinos que afirmaban que sus pisos se habían resquebrajado y que de allí había salido agua y lodo.

Los problemas en la calidad y el tratamiento del suelo sostienen la demanda que a nombre de un grupo de vecinos cuyas viviendas han sido declaradas inhabitables interpuso el abogado Guillermo Claverie, que acusa la falta de un estudio de mecánica de suelo.

La acción legal apunta contra la Fundación Almudena, autorizada por el Serviu como Empresa de Gestión Inmobiliaria (EGIS) y que actuó como intermediaria en la venta de las casas con subsidio. De acuerdo a los documentos oficiales, la fundación –pese a no tener fines de lucro– está representada por la empresa Galilea S.A., que a su vez tiene como representantes legales al intendente Rodrigo Galilea y su hermano Pablo Galilea. Como segundo demandado, y responsable de los daños si la fundación no responde, aparece la Constructora Pehuenche, representada por Felipe Galilea, el otro hermano del intendente. El requerimiento detalla que ambas entidades deben responder por “todos los daños y perjuicio que han sufrido los actores, derivados como ya se ha planteado tanto por la negligencia a la elección del suelo como en fallas o defectos que afectan a la estructura soportante del inmueble”.

Pablo Cea, representante de los afectados, cree que la empresa nunca desvió las aguas subterráneas que según el Sernageomin provocaron la poca compactación de suelos y la licuefacción. “La Dirección de Aguas mandó un oficio a la constructora porque no había plano para regular aguas y mandó a rectificar el ducto de aguas lluvias en 2008. Pero no sabemos si eso se prescribió o recibieron multa por no realizar nunca el mandato de la Dirección de Aguas”, comenta Cea.

Ante el miedo de que las casas sufran nuevos daños, muchos vecinos se retiraron de la villa, a pesar de que continúan pagando el crédito hipotecario, además del arriendo de otros lugares para vivir. La demanda busca relevar el sufrimiento de los vecinos, argumentando que con mucho esfuerzo, y en su mayoría con subsidio del Estado, lograron cumplir el anhelo de la casa propia: “Ciertamente no lo han pasado bien; jamás imaginaron que sus casas estaban construidas en un verdadero pantano”.

Álvaro Tapia, quien asumió la gerencia de la empresa cuando Rodrigo Galilea fue nombrado intendente, descarta que la constructora sea responsable del daño producido por la calidad del terreno, ya que asegura que se respetaron todas las normas: “Estas casas están dentro del plano regulador vigente en Los Ángeles, tienen todos los permisos sectoriales correspondientes, y la definición de si se puede o no construir en ese terreno es de la autoridad competente”.

El presidente del Colegio de Ingenieros y director de la constructora Galilea, Fernando Agüero, coincide con Tapia en cuanto a que recibieron la autorización para levantar las casas en el lugar y se está respondiendo por los daños. “Eso de no apto para construcción lo encuentro un poco discutible. Le hablo como presidente del Colegio de Ingenieros: todo terreno es apto para la construcción, pero la construcción es distinta entre un terreno y otro. En el caso de Los Ángeles, lo que estamos haciendo son fundaciones profundas. Hasta llegar a la parte sólida”, explica.

Dichos trabajos se iniciaron luego de que en mayo Galilea S.A. encargara un informe del estado de suelo a Ruz y Vukasovic Ingenieros Asociados. Ellos reducían la cifra de casas afectadas a 25 y negaban que se hubiese producido licuefacción, aunque sí destacaban que había problemas de mala calidad y compactación de suelos y que el daño en las viviendas era grave. “(Hay) suelos arcillosos de baja compactación, bajo peso y muy contaminados con restos de ladrillos”, establece el informe. “No se han detectado mejoramientos de suelo de ningún tipo. No se han detectado arenas o materiales potencialmente licuables”, añade el documento. Los ingenieros recomendaron instalar pilares de hormigón armado bajo los pisos, que debían sostener las viviendas en su soporte.

Según Cea, estos pilares sí se pusieron en las casas que fueron demolidas y luego reconstruidas, pero no en aquellas que está siendo reparadas. “Empezaron a reconstruir sin el estudio del ingeniero terminado y se reconstruían mal, una solución parche. La inmobiliaria sigue trabajando parchando algunas casas”, afirma Cea.

“Cuando (Rodrigo) Galilea aún era gerente general de la empresa, se nos acercó a los vecinos”, reconoce Cea. Sin embargo, ese acercamiento concluyó en una propuesta en la que los vecinos les cedían el dinero los seguros y recibían $100.000 como indemnización. “Dijeron que iban a reparar las casas a quienes no demandaban”, afirma el abogado Claverie. Ante el riesgo, agrega Pablo Cea, “hay gente que no demandó por miedo”.

Quienes se negaron a firmar, siguieron la vía judicial. A través de esta acción legal, que ya fue notificada a la empresa, los propietarios buscan altas compensaciones: reembolso íntegro del valor de las propiedades, de los gastos en mejoras que hayan hecho, los costos de demolición de las viviendas, una indemnización por daño moral (10 millones de pesos) y las rentas de arrendamiento de propiedades equivalentes.

Gritos en Curicó

“¡Hasta le he escrito al Presidente de la República!”, exclama July Farías, cuando explica cómo ha acudido a decenas de autoridades para exigir una respuesta por los daños en su casa de la Villa Galilea de Curicó luego del terremoto. Desde la página web de la Presidencia le respondieron que derivarían su caso al Ministerio de Justicia, para ver si correspondía exigir la garantía, respuesta que ella aún espera. Su principal objetivo es que la empresa constructora Galilea S.A., la más grande en su rubro de la región de El Maule, cumpla con esa garantía, aún vigente, del daño que provocó el sismo en el hogar que compró el año 2008.

July era una de las personas que interrumpió al intendente en el diario La Prensa en marzo pasado. No es la única en esa situación: sus vecinos han contabilizado en 120 las casas que necesitan reparación, pero hasta ahora sólo una veintena se ha decidido a presentar una demanda en contra de la constructora del intendente y su hermano, Pablo Galilea.

Tal como en Los Ángeles, en Curicó el origen de los daños apunta principalmente a la mala calidad del suelo y deficiencias en la construcción, aunque los vecinos, dueños de “viviendas sociales mejoradas” de hasta 1.500 UF, no han tenido el dinero suficiente para contratar a un ingeniero calculista para hacer una evaluación. Tampoco ha ido la Dirección de Obras de la municipalidad a evaluar los daños de toda la población, “sólo de casos puntuales de asentamientos”, reconoce el encargado de ese departamento en la Municipalidad de Curicó, Carlos Figueroa.

Pero además de dichos hundimientos de terreno, la mayoría de las casas presentó desniveles de suelo, humedad en pisos y paredes, caída de panderetas y grietas en muros. Los primeros días post terremoto, los vecinos aseguran haber visto pasar en auto a empleados de la constructora, pero no visitaron las casas.

“Sí, fuimos pocos días después, hicimos la misma presencia en todas las ciudades donde tenemos hoy día obras”, asegura el gerente Álvaro Tapia. El 5 de marzo, un día después de haber sido notificado como nuevo intendente, el mismo Rodrigo Galilea les dio explicaciones a los vecinos que interrumpieron su estreno como intendente. “Hasta nos pidió disculpas”, añade July Farías. Y agrega: “Uno de los señores que estaba con el intendente me dijo que era una rota, por estar gritando, que me callara”.

El periódico El Mundo, una semana después, publicaba que en esa ocasión Galilea había afirmado que enviaría a “un experto a evaluar los daños y si es como ustedes dicen, la empresa se hará cargo de las reparaciones”.

Pero días después, cuando la constructora ofreció las reparaciones, éstas incluían que los vecinos cedieran el dinero de sus seguros a la empresa y se desligaba de eventuales responsabilidades legales: “las prestaciones a las cuales se está comprometiendo (la empresa) por el presente instrumento, se están efectuando en el marco de su responsabilidad social y no constituyen en modo alguno reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad legal, penal o administrativa, por los daños causados por el sismo del 27 de febrero último”. El acuerdo no incluía pago de arriendo durante los arreglos de las viviendas ni ningún tipo de indemnización. Los vecinos se negaron a firmar. Incluso, este documento consigna al lugar como Villa Galilea “en Melipilla”, no de Curicó, y actualiza a sus representantes legales, ya no los hermanos Galilea, sino Álvaro Tapia Bravo y Gonzalo Sorolla.

Tapia confirma que los vecinos se negaron a firmar el acuerdo. Explica que a la empresa le parece “razonable” que los vecinos aporten a la reparación con el dinero de sus seguros y que el documento los hacía comprometerse a que “van a pagar, una vez que pague el seguro. Además, evolucionó durante el tiempo, en los primeros documentos que generamos, dos o tres días después del terremoto, teníamos información parcial de las casas. Pero no hay nadie a quien no se le haya reparado la casa por no tener seguro”.

“Para nosotros ha sido frustrante ver cómo la constructora a quien le compramos nuestra casa se ha desentendido totalmente de la responsabilidad que recae en ella desde el punto en que no es aceptable que una casa nueva con tres años de uso, de un valor de 865 UF que hoy presenta desnivel en primer piso con hundimiento en las esquinas, grietas en piso (…)”, describe, en una carta entregada al abogado que lleva la demanda, el propietario Claudio Cea. Y agrega: “Considero que no es justo que se juegue con algo tan importante como lo es el hogar de una familia que lucha día a día para salir a delante”.

Ante las sospechas de que la falla se encuentra en el tipo de suelo donde se construyó la villa y en el tratamiento de éste, el comité de vecinos acudió en reiteradas ocasiones a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Curicó, para revisar los planos y el estudio de suelo del lugar. Pero según Farías, la respuesta fue que éste no existía.

El gerente de Galilea S.A. endosa la responsabilidad a los propios dueños: “Lo que tiene Curicó mayoritariamente son daños en construcciones que nosotros no hicimos. Yo me imagino que lo hicieron los mismos propietarios”. Sin embargo, las fotografías a las que accedió CIPER y los relatos de los vecinos, muestran que los principales daños se encuentran en pisos, muros y panderetas originales.

Un grupo de residentes intenta organizar a sus vecinos para presentar una demanda. Exigen la devolución del valor de sus casas, todas de menos de cinco años de antigüedad, que reparen los cierres perimetrales y pago por el daño moral que sufrieron. “Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no sólo por mí, también por mis vecinos”, asegura Farías.

El abogado que los representa, Carlos Martínez, también cree que el problema está en el terreno. “Esto era un humedal”, concluye. Y acota: “Pero las casas de Curicó están mejor que las de Los Ángeles, porque creo que el humedal acá estaba más seco”.

En Melipilla, el comité perdió su silla…

Kathia Jara está embarazada, a la espera de su tercera hija. Con su marido deseaban poder recibir a la recién nacida en la casa que compraron hace cinco años en la Villa Galilea de Melipilla. Pero sus planes se derrumbaron también con el terremoto. Ella considera que su casa, a pesar de haber sido decretada habitable por la Dirección de Obras del Municipio, no está en condiciones de albergar a su familia. El suelo cedió, hubo destrucción del muro cortafuegos, los tabiques de yeso se rompieron y el segundo piso se desplazó varios centímetros. Decidieron irse del inmueble.

La Dirección de Obras de Melipilla evaluó los daños de las viviendas que fueron las más afectadas por el sismo en la comuna, y determinó que las fallas eran producto de una mala construcción. “Las viviendas no resistían un análisis estructural de la norma, según los ingenieros de la municipalidad”, asegura Lucio Arias, director de Obras de Melipilla. En marzo, el mismo organismo ordenó la demolición y la desocupación de algunas viviendas, por suponer “peligro inminente para la seguridad y/o salud de las personas”.

El Municipio actuó como garante de los vecinos para comenzar a negociar. El comité exigía a la empresa la reparación de las casas con garantía, la reparación con el dinero del seguro de las propiedades sin garantía, la designación de un Inspector Técnico de Obras (ITO) por la Municipalidad y la entrega de un juego de planos completo de las viviendas (que no tenían antes del sismo), luego de la reconstrucción. Galilea S.A. no se manifestó ante el petitorio y sólo ofreció reparar las casas con garantía, utilizar el dinero de los seguros de los vecinos, además del pago de un arriendo de 100.000 pesos mientras se realizaban los trabajos de las viviendas más dañadas.

“La empresa, a las pocas semanas del terremoto, se fue a instalar en las villas, pero nunca pudimos hacer una contraoferta del proyecto de reconstrucción”, dice Reinaldo Assereto, quien presidía el comité técnico. Finalmente en abril, por conflictos entre la junta de vecinos y el comité, éste último decidió retirarse de las conversaciones. La municipalidad también decidió desligarse de las negociaciones, que terminaron realizándose entre cada propietario y la empresa, que aún trabaja en el lugar.

Todavía quedan muchas familias a las que la garantía les cubre los daños, pero que no aceptaron el acuerdo de la empresa y mantienen sus casas tal como quedaron el 27 de febrero. Aún no se han organizado ni saben si tomarán acciones legales. Una de ellas es Kathia. “Mi casa sigue igual: destruida”, se lamenta.

Se trata de la segunda polémica que protagoniza esta villa. Además de la Fundación Almudena, en los contratos de la Villa Galilea de Melipilla aparece el Colegio de Profesores de Chile, representando por su entonces presidente, Jorge Pavez, quien también firma en la transacción. Según lo explicado por el tesorero del gremio, Darío Vásquez, el Colegio de Profesores realizó un mandato a su representante en Melipilla para que construyera una villa para profesores, por lo que ellos actuaron como “empresa subsidiaria de casas” y como “mandante de la construcción”, en representación del gremio. Sin embargo, el tema terminó en un escándalo en 2002, al descubrirse que eran una minoría los docentes que habían adquirido las casas, y que los dirigentes de la zona se habrían beneficiado de aquella venta. El líder de los profesores en Melipilla, Hugo Araus, fue demandado por el gremio, en tanto Pavez y el directorio de pedagogos de la época negaron toda participación en el fraude.

La Fundación Almudena y las empresas familiares

Fundación Almudena intermedió la venta en Melipilla y Los Ángeles. Por ser beneficiarias de un subsidio habitacional, la fundación actuó como Empresa de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y está inscrita en el Serviu de la Región del Maule, donde aún figura como “persona de contacto” Rodrigo Galilea Vial, a pesar de que su estado aparece como “vencido” . En los contratos de venta se explicita que la representación legal de la fundación la tiene la empresa Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción.

Lo anterior resulta al menos extraño, pues el reglamento sobre la concesión de personalidad jurídica de fundaciones dice que éstas deben ser representadas por el presidente del directorio. Para el abogado de los vecinos de Curicó, Carlos Martínez, la representación por medio de una persona jurídica sería ilícita, pues una fundación sólo debiese ser representada por una persona natural.

A diferencia de los contratos, la información disponible en el Serviu indica que la fundación La Almudena está representada legalmente por Víctor Galilea Linares, el padre el intendente del Maule y presidente del directorio. CIPER se comunicó con él, pero dijo no saber nada de la fundación y aseguró que hace “más de veinte años” que está jubilado. El resto del directorio está integrado por sus hijos Felipe y Pablo Galilea Vial, Gloria Vial Rodríguez y el presidente del Colegio de Ingenieros, Fernando Agüero Garcés.

Al ser consultado por estas contradicciones, el gerente de Galilea S.A., Álvaro Tapia, asegura que todo se ha hecho de manera legal y que la información que maneja el Serviu no está actualizada, ya que Víctor Galilea no es representante activo de la fundación La Almudena, aunque sí en el papel, y que los representantes activos son las dos personas que se negó a mencionar.

Fernando Agüero explica que la fundación sí fue creada por Víctor Galilea, pero se encuentra inactiva hace varios años: “muerta”, dice. Sin embargo, el directorio se reunió en marzo pasado para formalizar el retiro del intendente.

¿Qué rol tuvo la Fundación La Almudena, una organización sin fines de lucro, en la transacción de las viviendas? ¿Qué relación hay entre la fundación ligada a la familia Galilea y sus empresas? Álvaro Tapia asegura que la fundación no generó ganancias y que las ventas de las casas en Villas Galilea fueron realizadas en un convenio entre la institución y la constructora, que le pagaba honorarios a la fundación por la presentación de subsidios colectivos.

Mientras Serviu y el Seremi de Vivienda sólo pueden revisar que la documentación de la EGIS esté al día y cumpla con los requisitos que se exigen a las empresas del rubro, el Ministerio de Justicia es el encargado de velar que las fundaciones cumplan con los objetivos con que fueron creadas y no obtengan lucro de sus actividades. Para dicha fiscalización, las fundaciones entregan anualmente sus memorias y balances, por lo que CIPER invocó la Ley de Transparencia para obtener la información actualizada.

Por considerar que la Fundación La Almudena era un tercero que podía ser afectado por la entrega de los documentos, el ministerio le consultó y ésta, a través de Felipe Galilea, se opuso. La razón: estimó que sus derechos comerciales y económicos podían verse afectados. Esto, a pesar de que ni siquiera ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Felipe Galilea es también el representante legal de “Constructora Pehuenche Ltda.”, la constructora que edificó las casas de Curicó; y presidente del directorio de Aguas San Pedro. Según la memoria del 2009 de la sanitaria, Rodrigo Galilea Vial sumaba el manejo de un 38,85% de las acciones de dicha empresa, entre las que se encuentran a su nombre y al de Inversiones e Inmobiliaria Vientos el Sur y Cía., empresa de la cual era titular.

Aguas San Pedro tampoco ha estado libre de escándalos: En la Villa Santa Rosa, de Chillán, construida por Galilea S.A., la empresa de agua levantó al centro de la población una planta de tratamiento de aguas servidas. Al estar tan cerca de las propiedades, los vecinos reclamaron por malos olores y ruidos las 24 horas del día. Las denuncian motivaron un sumario sanitario por parte de la delegación Ñuble de la SEREMI de Salud, que pidió a la empresa tomar acciones para mitigar los efectos del funcionamiento de la planta, que recibió permiso municipal para ser construida en ese lugar.

Otra EGIS de los Galilea y que aparece en contratos realizados en Curicó durante el 2008 es “Maule Fondo de Inversión Privado”, también representada por Galilea S.A.

El intendente, en su declaración de intereses y de patrimonio de abril pasado, nombra a estas empresas. Sin embargo, La Fundación Almudena no aparece. Sí declara el patrimonio de “Inversiones La Almudena Limitada”, con un RUT diferente al de la fundación. Los números de contacto de la fundación que aparecen en registros públicos son de otro tipo de oficina y de la misma Constructora Galilea S.A.

Rodrigo Galilea fue contactado por CIPER a través del Departamento de Comunicaciones de la intendencia, donde respondieron que la autoridad no iba a concretar una entrevista que se refiriera a la constructora, ya que él se había desligado de la vocería de esa empresa.

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El Mostrador: Termoeléctricas a carbón: por qué y para quiénes

Por Rodrigo Bórquez

El caso de la termoeléctrica Barrancones estableció un antes y un después en la discusión energética del país, pues ha dejado en claro el deseo ciudadano de dotar al país de una matriz eléctrica limpia, así como trabajar por la conservación medioambiental del territorio nacional. No obstante, este conflicto está muy lejos de ser el último de este tipo, ya que aún quedan en calificación ambiental seis proyectos termoeléctricos a carbón por evaluar, los que suman una inversión cercana a los US$ 7.574 millones y corresponden a un total de 4.254 MW. De ellos, al lo menos el 83,3% presenta algún tipo de conflicto, sea éste de carácter social, medioambiental y/o económico.

La pregunta que surge ante esta marcada tendencia es ¿por qué se privilegia este tipo de centrales? La respuesta es la misma que rige para cualquier sistema económico: el precio. La generación eléctrica en base a carbón en la actualidad es cerca de un 30% más barata que la generación a gas, y un 60% más económica que aquella sustentada en petróleo y sus derivados. Además, según las estadísticas de la CNE, este tipo de centrales requiere uno de los niveles de inversión más bajos del sistema, cercano a US$1,7 millones por cada MW de potencia, lo cual -desde la lógica del mercado-, ha potenciado tanto su operación como su eventual desarrollo. El problema es que esta fuente energética tiene asociado una serie de impactos socioambientales y económicos, los que no forman parte de esta valorización, por lo cual se sobrestiman sus cualidades en términos de costos.

La pregunta que cabe hacer es: ¿quién necesita tanta electricidad, y en especial, de tales características? Claramente, no es la población ni el sector público quienes sustentan el actual axioma de crecimiento económico, ni menos el argumento que plantea triplicar la capacidad instalada del parque generador al año 2030. Por el contrario, es el sector industrial y minero el que plantea estas necesidades; en la actualidad la minería consume cerca del 66% de la electricidad total generada en el país, es decir, el triple del consumo público y residencial, sectores que sólo representan el 18% de la demanda total a nivel sectorial. Considerando que resulta casi imposible pensar que la población triplique sus necesidades energéticas en un periodo de dos décadas, queda claro que será el sector industrial y minero quien protagonizaría este meteórico aumento de la demanda.

Ante estos hechos, resulta evidente que el modelo económico nacional subsidia de manera casi directa no sólo a las empresas de generación eléctrica intensivas en el uso de carbón, sino también a la industria y minería a gran escala, puesto que no les exige ningún requisito ni el funcionamiento bajo parámetros que podrían colaborar en este sentido. Por ejemplo, un sistema de internalización de costos en el caso de las generadoras, o el establecimiento de programas de eficiencia energética e incentivos a la inversión en tecnologías de autoabastecimiento mediante fuentes de ERNC para el sector privado. Esta situación ha permitido el funcionamiento de un sistema que privilegia la maximización de utilidades por parte del sector privado, mientras al mismo tiempo externaliza de manera directa sus costos.

Entonces, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados de ésta termoelectricidad económica? Ni los pobladores de las comunidades de Coronel, Huasco o Puchuncaví, ni los pescadores artesanales y, menos aún, la biodiversidad y ecosistemas del país, se encuentran dentro del selecto grupo de beneficiados, aún cuando sobre ellos recaen los múltiples costos socioeconómicos y ambientales que implica la lógica de crecimiento actual del país, sustentada en gran medida por la operación de este tipo de proyectos.

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