El Mostrador: Termoeléctricas a carbón: por qué y para quiénes

Por Rodrigo Bórquez

El caso de la termoeléctrica Barrancones estableció un antes y un después en la discusión energética del país, pues ha dejado en claro el deseo ciudadano de dotar al país de una matriz eléctrica limpia, así como trabajar por la conservación medioambiental del territorio nacional. No obstante, este conflicto está muy lejos de ser el último de este tipo, ya que aún quedan en calificación ambiental seis proyectos termoeléctricos a carbón por evaluar, los que suman una inversión cercana a los US$ 7.574 millones y corresponden a un total de 4.254 MW. De ellos, al lo menos el 83,3% presenta algún tipo de conflicto, sea éste de carácter social, medioambiental y/o económico.

La pregunta que surge ante esta marcada tendencia es ¿por qué se privilegia este tipo de centrales? La respuesta es la misma que rige para cualquier sistema económico: el precio. La generación eléctrica en base a carbón en la actualidad es cerca de un 30% más barata que la generación a gas, y un 60% más económica que aquella sustentada en petróleo y sus derivados. Además, según las estadísticas de la CNE, este tipo de centrales requiere uno de los niveles de inversión más bajos del sistema, cercano a US$1,7 millones por cada MW de potencia, lo cual -desde la lógica del mercado-, ha potenciado tanto su operación como su eventual desarrollo. El problema es que esta fuente energética tiene asociado una serie de impactos socioambientales y económicos, los que no forman parte de esta valorización, por lo cual se sobrestiman sus cualidades en términos de costos.

La pregunta que cabe hacer es: ¿quién necesita tanta electricidad, y en especial, de tales características? Claramente, no es la población ni el sector público quienes sustentan el actual axioma de crecimiento económico, ni menos el argumento que plantea triplicar la capacidad instalada del parque generador al año 2030. Por el contrario, es el sector industrial y minero el que plantea estas necesidades; en la actualidad la minería consume cerca del 66% de la electricidad total generada en el país, es decir, el triple del consumo público y residencial, sectores que sólo representan el 18% de la demanda total a nivel sectorial. Considerando que resulta casi imposible pensar que la población triplique sus necesidades energéticas en un periodo de dos décadas, queda claro que será el sector industrial y minero quien protagonizaría este meteórico aumento de la demanda.

Ante estos hechos, resulta evidente que el modelo económico nacional subsidia de manera casi directa no sólo a las empresas de generación eléctrica intensivas en el uso de carbón, sino también a la industria y minería a gran escala, puesto que no les exige ningún requisito ni el funcionamiento bajo parámetros que podrían colaborar en este sentido. Por ejemplo, un sistema de internalización de costos en el caso de las generadoras, o el establecimiento de programas de eficiencia energética e incentivos a la inversión en tecnologías de autoabastecimiento mediante fuentes de ERNC para el sector privado. Esta situación ha permitido el funcionamiento de un sistema que privilegia la maximización de utilidades por parte del sector privado, mientras al mismo tiempo externaliza de manera directa sus costos.

Entonces, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados de ésta termoelectricidad económica? Ni los pobladores de las comunidades de Coronel, Huasco o Puchuncaví, ni los pescadores artesanales y, menos aún, la biodiversidad y ecosistemas del país, se encuentran dentro del selecto grupo de beneficiados, aún cuando sobre ellos recaen los múltiples costos socioeconómicos y ambientales que implica la lógica de crecimiento actual del país, sustentada en gran medida por la operación de este tipo de proyectos.

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