miércoles, 1 de septiembre de 2010

CIPER: Falso tsunami de 2005: El bochorno que anticipó los errores del 27/2


En enero de 2005, el rumor de un falso tsunami movilizó ciudades completas de la VIII Región y generó muertes, accidentes y saqueos. El hecho motivó una investigación del Ministerio Público que determinó responsabilidades de la Armada de Talcahuano: habrían sido funcionarios de esa zona naval quienes malinterpretaron un fax del SHOA y alertaron a familiares, generando alarma y pánico. Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía Naval desestimó las acusaciones. Las pesquisas de la fiscalía regional también dieron cuenta de falta de planificación y competencia del personal civil y naval ante emergencias. Un factor que se repetiría en 2010. En vez de sacar lecciones de la mala experiencia, el falso tsunami de 2005 resultó tan traumático y bochornoso, que autoridades del antiguo gobierno se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que bien pudo influir en la indecisión con que se manejó la crisis del 27 de febrero último.

El 16 de enero de 2005, al anochecer de un domingo como cualquiera, la región del Bío Bío fue escenario de un fenómeno que dio la vuelta al mundo. Sin que mediara una alerta oficial, sin que siquiera hubiese un temblor de menor intensidad que lo antecediera, un rumor recorrió poblaciones completas y generó pánico, descontrol y muerte.

–¡Se viene un tsunami, se viene un tsunami! –gritaba la gente al tiempo que huía hacia los cerros.

Gustavo Toro, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Pedro, recordará ante un fiscal que esa noche, decenas de personas se dejaron caer en el cuartel, “comenzando a insultar y agredir al personal de guardia, presionándonos para que tocáramos la sirena”. En lo que calificó como “una situación caótica y casi insostenible para los voluntarios”, recordará también que la turba intentó llevarse el carro de bomberos.

Fue un caos que se prolongó por dos días. Las líneas telefónicas se saturaron, lo mismo que las carreteras. Hubo colisión de vehículos, peleas, accidentes, muertos y saqueos. El hecho concitó la atención mundial y se prestó para mofas. Poblaciones completas huyendo de una salida del mar inexistente y en apariencia infundada, salvo por un detalle: unas horas antes, a través de sus canales internos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había informados de un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter en la isla Yap, a nueve mil kilómetros de nuestras costas.

En la región del Bío Bío el informe del SHOA sólo circuló entre funcionarios de la Armada. Su propósito era descartar que ocurriría un tsunami en nuestro país. Pero todo indica que tuvo el efecto contrario.

Debido al impacto que provocó el falso tsunami en Concepción y sus costas, la Fiscalía Regional del Bío Bío abrió una investigación que condujo a una conclusión significativa a la luz de lo ocurrido el 27 de febrero último: el rumor se originó en poblaciones navales de Talcahuano.

Ante las evidencias que apuntaban a la Armada, la causa fue derivada a la Fiscalía Naval. Sin embargo, esta institución descartó cualquier responsabilidad de sus funcionarios y devolvió la causa al sistema civil. Entonces la investigación fue archivada y todo quedó reducido a una situación confusa y bochornosa que dejó decenas de heridos, daños materiales nunca cuantificados y dos personas muertas por paro cardiorrespiratorio: Irma Milla Muñoz (69) y María del Rosario Ballard (65).

No había un origen claro, aunque sí una motivación: dos meses antes había ocurrido el tsunami del sudeste asiático, que costó 230 mil vidas. Entre ellas la de la chilena Francisca Cooper, que tuvo amplia cobertura en los medios.

Lo relevante en este caso no es el efecto del rumor sino más bien la causa, atribuida a una impericia de funcionarios de la Armada destinados en Talcahuano, quienes habrían malinterpretado el comunicado del SHOA y luego alertado a familiares. Una situación que tiene semejanzas con lo ocurrido el 27 de febrero de 2010: el SHOA tuvo dificultades para interpretar la información disponible y terminó descartando la alerta de maremoto al tiempo que las olas devastaban las costas del país.

Junto con lo anterior, la investigación de 2005 que llevó a cabo el entonces fiscal jefe de Talcahuano, Raúl Bustos Saldías, también detectó graves deficiencias en la respuesta de las autoridades encargadas de afrontar emergencias. Deficiencias que se asemejan a las exhibidas por las mismas autoridades a comienzos de este año y que hoy son materia de una nueva investigación del Ministerio Público.

MORTALMENTE PARECIDOS

El falso tsunami quedó grabado en la memoria de los habitantes de la VIII Región. Un trauma que permanecía latente al 27 de febrero último. Por ello, y por el fuerte impacto social que provocó, algunas autoridades civiles del antiguo gobierno hoy se atreven a confesar en voz baja que ese antecedente rondó en las horas posteriores al terremoto y que pudo influir en la indecisión con que se manejó la emergencia. Si decretaban la alerta de maremoto, temían repetir un fiasco como el de 2005. Por lo demás los actores no eran muy distintos.

Carmen Fernández por entonces oficiaba de directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). El titular, Alberto Maturana, se encontraba participando en Japón de un seminario sobre emergencias. Maturana tuvo que dar explicaciones ante expertos de todo el mundo. Fernández fue la encargada de manejar la crisis, llamando a la calma y asegurando que el organismo que representaba disponía de un sistema de prevención con “una posición de vanguardia en el mundo”.

Marcos Oyarzo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, es de los que creen que los hechos de 2005 bien pudieron haber influido en la indefinición con que actuaron las autoridades hace seis meses. Recuerda que fue “una experiencia traumática que obligó a replantear los planes de contingencia para colaborar con la ciudadanía”.

La señal más clara de que para 2010 ese hecho aún estaba fresco entre las autoridades la dio el destituido director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas. En su comparecencia a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Rojas dio cuenta de lo que estaba en juego a la hora de sopesar los antecedentes que lo llevaron a levantar la alerta de tsunami:

-Cualquiera de las dos decisiones podía acarrear alguna situación indeseada. Es más, podría haber ocurrido que yo hubiera mantenido la alerta. Quizás la gente hubiera corrido, quizás hubiera muerto gente, derivado de que no bajaron de los cerros, que estaban en los hospitales, niños, accidentes, etcétera, y probablemente hoy día estaría siendo juzgado porque no cancelé la alerta con los antecedentes que tenía.

GRAMÁTICA Y REDACCIÓN

La madrugada del 27 de febrero de 2010, casi media hora después de ocurrido el terremoto, los dos funcionarios que se encontraban de turno en la Onemi recibieron un fax proveniente de la Armada. Se titulada “Alerta de tsunami” y lo esencial, destacado en negritas y mayúsculas, decía lo siguiente: (EL SISMO) FUE DE MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR TSUNAMI. SE DESCONOCE SI SE HA PRODUCIDO. SI SE DIERA LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA, SITUACIÓN QUE SERÍA INFORMADA OPORTUNAMENTE EN LAS HORAS ESTIMADAS, SERÍAN LAS SIGUIENTES (HORAS).

Tanto ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como ante la fiscal Solange Huerta, quien indaga eventuales responsabilidades penales por las fallas en los sistemas de alerta, los dos funcionarios de turno de la Onemi declararon que el documento les resultó ambiguo. Y no sólo eso: a juicio de ambos, se contradecía con la información que les transmitía el SHOA por frecuencia VHF.

–No tenemos ningún reparo en declarar una alerta de tsunami si la información es clara y precisa –testificó ante los diputados el radio operador de la Onemi, Rafael López–. Sin embargo, en este caso, a mí entender, no fue así.

En tanto, el capitán de navío Mariano Rojas, quien dirigía el SHOA y resultó destituido por los errores de ese organismo, dirá que el fax fue claro, partiendo por el título, y que los mensajes radiales –de los cuales no existe respaldo– no hicieron más que ratificarlo.

–Obviamente, si la Onemi tenía dudas sobre las acciones que estábamos proponiendo, debió preguntar. Deberían haberme dicho que no les quedaba clara la información –sostuvo ante los diputados el ex director del SHOA.

Cinco años atrás, la tarde del domingo 16 de enero, otro fax proveniente del SHOA generó confusión. Tras dar cuenta de un sismo en la isla Yap, en la Micronesia, el comunicado describía en letras mayúsculas la siguiente situación: LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE. SIN EMBARGO, PUEDE PROVOCAR PEQUEÑOS CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CERCANAS AL EPICENTRO.

El fax fue despachado a las diferentes gobernaciones marítimas y capitanías de puerto, además de la Onemi. A todas luces es más claro y directo que el anterior, sin dejar lugar a ambigüedades. Sin embargo, por alguna razón, atribuida tal vez a la prevención respecto a que el sismo “puede provocar pequeños cambios en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro”, en la principal zona naval del país no lo habrían leído correctamente.

Resulta significativo que el error –de acuerdo con las indagaciones del fiscal Raúl Bustos– se haya generado en la Base Naval de Talcahuano. La II Zona Naval es el mismo escenario de una fuerte controversia por la información que la madrugada del 27 de febrero entregó su máxima autoridad, contralmirante Roberto Macchiavello.

De acuerdo con testimonios de representantes de Carabineros, Bomberos y operadores de puerto y ex autoridades políticas, en las horas posteriores al terremoto el jefe naval descartó en todo momento la ocurrencia de un tsunami, lo que fue transmitido a la población por el intendente Jaime Tohá. El contralmirante Macchiavello, quien se mantiene en su puesto, niega estas versiones. Ninguno de los dos aún ha prestado aún declaraciones ante la fiscal.

CONTRADICCIONES

El oficio de mayo de 2005 con que el fiscal Raúl Bustos se declaró incompetente para seguir investigando el falso tsunami, derivando la causa a la Fiscalía Naval, señala lo siguiente:

“Se obtuvo antecedentes que confirman fuente de origen de la información en la Armada, por lo que se procedió a tomar declaración a funcionarios de la Gobernación Marítima de Talcahuano, que en términos generales arrojaron contradicciones sobre procedimientos, competencias, informaciones y hora de ocurrencia de los hechos”.

Las contradicciones habrían partido por los canales de comunicación internos.

Si bien uno de los marinos declaró ante el fiscal que la información del SHOA debería ser recibida por la Oficina Distribuidora de Mensajes, que reporta al oficial de servicio y éste a su vez al gobernador marítimo, la investigación del Ministerio Público determinó que este procedimiento no se cumplió.

No todos los marinos que estaban de turno ese día y que fueron interrogados parecían tener claro qué hacer en caso de una emergencia.

Mientras el cabo primero Ricardo Mella Cruces dijo que en caso de una alerta de tsunami debía activarse el Plan Campanazo, procedimiento que “no dura más de tres minutos” y en el cual “el gobernador marítimo toma el control de la situación”, el cabo segundo Rodrigo Cutiño Barrientos, a cargo de la central telefónica, declaró que, “en caso de que hubiera ocurrido un tsunami, no existía un plan de operación”.

En problema no sólo estaba en la Armada. Como en la Oficina Regional de Emergencia (Oremi) del Bío Bío trabajaba únicamente su director, Juan Enrique Romero, quien sólo laboraba días hábiles y en horario de oficina –lo que se repetirá en 2010–, éste recibió en su casa un llamado telefónico desde Santiago para advertirle que le habían enviado un fax a su oficina. Ese fax era el mismo despachado por el SHOA.

Para entonces, el pánico comenzaba cundir en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco y Coronel. En su declaración ante el fiscal, Romero dirá que la primera información que tuvo sobre evacuaciones masivas provino de un sector de marinos de la población Las Higueras. “Había movimiento de gente que estaba cargando sus vehículos para arrancar hacia el cerro”, testificó el funcionario.

De acuerdo con el mismo relato, cuando la situación ya estaba fuera de control, pasada la medianoche, el director de la Oremi del Bío Bío logró tomar contacto con Carlos Morelli, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, a quien le dijo: “Alguien tiene que salir a desmentir esto”.

Como se desprende de esa declaración, no había claridad acerca de quién debía asumir la vocería en una crisis. Tampoco en la Onemi parecía haber un plan de acción definido en casos como estos.

En el mismo testimonio, Juan Enrique Romero contará que cerca de la medianoche, tras tomar contacto con Carmen Fernández, quien oficiaba de directora subrogante de la Onemi, “planificamos respecto de estrategias a seguir para comunicarle a la población de que todo era una falsedad, y optamos como primera medida concurrir a los medios de comunicación”.

A raíz de esa experiencia, unos meses después del falso tsunami la intendencia regional suscribió un acuerdo para que radio Bío Bío oficiara de emisora oficial en caso de emergencias. Pero no es que ese acuerdo se haya activado el 27 de febrero último, señala Piero Mosciatti, uno de los propietarios de Bío Bío: simplemente era la única emisora que estaba en condiciones de operar.

Lo cierto es que en 2010 no hubo oportunidad de poner en marcha estrategia alguna. Jorge Henríquez, quien oficiaba de director de la Oficina Regional de Emergencia del Bío Bío, sólo pudo comunicarse con la oficina central en Santiago por pocos segundos mientras se desarrollaba el terremoto. Después quedó incomunicado como buena parte de la población.

Henríquez no era el único funcionario de la Oficial Regional de Emergencia. Desde 2008 trabajaban otros tres. Sin embargo, no había implementado un sistema de turnos para funcionar las 24 horas.

ISLA QUIRIQUINA

Desde su oficina en el centro de Concepción, donde hoy ejerce la actividad privada, el ex fiscal Raúl Bustos recuerda que la investigación de 2005 fue igual a buscar una aguja en un pajar. No había claridad acerca de cómo había empezado el rumor, y en teoría, porque nadie se hacía cargo de él, cada habitante cercano a la costa de la del la VIII Región era un potencial testigo.

–Nuestro punto de partida fue el siguiente: para que esto haya prendido tiene que haber sido una fuente creíble –dice el abogado.

Con este principio, el fiscal y dos policías interrogaron a decenas de potenciales testigos, varios de los cuales coincidían en que los primeros movimientos se habían generado en población Higueras, de amplia presencia de marinos. Pero la pista más clara surgió cuando dieron con dos mujeres, familiares de funcionarios de la Armada, que coincidían en haber escuchado una alerta pública mientras se encontraban gozando de una tarde de playa en la isla Quiriquina, sede la Escuela de Grumetes.

En su declaración a fiscalía, Nilda Luisa Mellado Retamal aseguró haber escuchado junto a una sobrina un llamado de alerta ante la proximidad de un tsunami. El testimonio fue ratificado por la sobrina, Miriam Elizabeth Bravo, quien estaba casada con un sargento 1° de la Armada. En su testimonio, que quedó adjunto a la carpeta de la investigación naval, se lee lo siguiente:

-Cuando escuché esto me miré con la tía Nilda y le pregunté: Tía, ¿escuchaste? Y ella me miró igual de sorprendida y me dijo Sí, escuché, y nos reímos en ese momento. Nos causó gracia y ahí nosotras nos empezamos a preguntar ¿Qué vamos a hacer?, ¿por dónde vamos a arrancar? (…) Pienso que el resto (de las personas) pensó que era una broma.

Los testimonios de ambas mujeres –junto con otros elementos de prueba– llevaron al fiscal a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la Fiscalía Naval de Talcahuano. La causa fue seguida por el capitán de corbeta Juan Pablo Soteras Campos, quien ofició de fiscal naval y completó dos gruesas carpetas con múltiples testimonios de marinos que contradecían la tesis de su par civil. Ninguno había escuchado algo semejante a una alerta de tsunami en la isla Quiriquina. Ni en la isla ni en ningún otro lado. Ninguno arrancó a los cerros ni reparó en el caos que vivía Talcahuano.

En buenas cuentas, los cerca de cincuenta funcionarios de la Armada interrogados por el capitán de corbeta desmintieron tener relación alguna con el origen del rumor.

El 14 de diciembre de 2005, la Fiscalía Naval de Talcahuano se declaró incompetente por cuanto, según se lee en la resolución, “no existe participación de personal militar” en los hechos investigados.

Sobre el fax del SHOA, indica que fue recibido en Talcahuano “por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval y en la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, sin que ninguno de estos Mandos en Jefe difundiera la información a sus Unidades y Reparticiones dependientes. Por lo tanto, el mensaje nunca fue recibido en la isla Quiriquina”. También consigna que “se interrogó al personal naval residente en (la población) Higueras a la época de los hechos investigados, manifestando todos que no hubo evacuación de personal naval”.

La resolución está firmada por Fernando Jiménez Loosli, capitán de fragata y auditor naval, y por el contralmirante Daniel Arellano Walbaum, jefe máximo de la base de Talcahuano que actúa como juez naval. Este último oficial dejará su cargo y pasará a retiro en los mismos días en que despachó el citado informe. En la ceremonia de despedida, Arellano Walbaum destacó que el falso tsunami permitió extraer enseñanzas “tanto en aspectos comunicacionales como en los sistemas de alerta y de emergencia”.

Entonces la causa volvió al Ministerio Público y a principios de 2006 fue archivada definitivamente.

SEÑALES DE ALERTA

Lo ocurrido en 2005 fue una lección que bien pudo servir para afrontar de mejor manera la emergencia de 2010. Un llamado de atención. Así lo alertó una editorial del diario El Sur de Concepción publicada en 2007, a dos años del falso tsunami: “Más allá de los recuerdos de una huida en masa, lo más evidente de aquellas horas de terror fue la nula preparación regional para enfrentar una emergencia de semejante magnitud”.

Las fallas en los sistemas preventivos también fueron alertados por quien fuera director del SHOA hasta 2005. De acuerdo con cercanos al capitán de navío Roberto Garnham Poblete, éste insistió permanentemente ante las autoridades civiles y militares de las deficiencias de los sistemas de alerta y emergencias ante tsunamis. Estaba convencido de que en cualquier momento podría ocurrir un desastre de esa naturaleza. Por ello implementó un sistema de conexión directo y permanente con el ex director de la Onemi mediante una radio HF. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta por sus superiores.

También el fiscal que llevó la causa del falso tsunami se queja de no haber sido tomado en serio.

–La verdad de las cosas es que en ese tiempo estaba solo en esto. No había ánimo de llegar a la verdad ni de formalizar a alguien, menos a algún funcionario de la Armada. El mensaje que recibí de mis superiores fue que esta investigación había que terminarla cuanto antes –se queja el Raúl Bustos, sin especificar el nombre de los aludidos.

Una situación similar puede ocurrir con la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta. No porque no haya ánimo de investigar, todo lo contrario: cuenta con apoyo institucional y desde que se hizo cargo de la causa ha realizado un fuerte despliegue por el centro y el sur del país en busca de antecedentes. Sin embargo, si llega a establecer responsabilidad de funcionarios de la Armada, como parece estar ocurriendo, se verá obligada a declararse incompetente y pasar los antecedentes a la autoridad naval.

Artículo original aquí

martes, 10 de agosto de 2010

Chile-Perú: las dos caras de un espejo

Paz Verónica Milet

Chile y Perú tienen una relación fluctuante, afectada permanentemente por la herencia del pasado. La Guerra del Pacífico y sus consecuencias más visibles -pérdida territorial, invasión chilena y consecuente obtención de trofeos de guerra- aún son un factor determinante en el avance y desarrollo de los vínculos entre Chile y Perú.

La hipótesis desarrollada en este trabajo plantea que la consecuencia fundamental de este conflicto, en cuanto a su capacidad de afectar la relación actual entre ambos países, es la generación de imágenes que han ayudado a construir una percepción negativa del otro.

Tres son las principales imágenes que abordaremos en este estudio. La de ganador y vencido; la de invasor e invadido y la de país exitoso y estable frente a la imagen de un país políticamente inestable y con altos niveles de pobreza.

I. PERCEPCIONES COMPARTIDAS Y CONTRADICTORIAS

El análisis de los discursos y de los textos de ambos países aporta un elemento coincidente. La Guerra del Pacífico es un hito en la historia bilateral y regional.

Para gran parte de la sociedad peruana, "la Guerra del Pacífico es el acontecimiento más importante de nuestra historia militar. Muchas de nuestras acciones y política militar aún se ven a través del prisma de este trauma que vivió el Perú hace más de un siglo. Muchas veces ese prisma no nos deja ver con claridad la realidad y nos hace tomar decisiones equivocadas"2. Para una fracción importante de los peruanos aún existe la noción del orgullo nacional herido por la derrota y por la invasión chilena.

En el caso de Chile, la victoria permitió la persistencia de la noción de unas fuerzas armadas "jamás humilladas y jamás vencidas" y generó un sentimiento de excesivo orgullo nacional, que condicionó y condiciona la vinculación futura con sus vecinos del norte, determinando la agenda de política exterior y de defensa a nivel gubernamental; pues la herencia histórica, a pesar de la voluntad política expresada por ambos gobiernos, resurge frente a cualquier divergencia. José Rodríguez Elizondo denomina el proceso experimentado por los chilenos después de la guerra como una "sobrecompensación" y señala que "hoy parece evidente que ese orgullo mutó en arrogancia focalizada y que ésta sirvió poco al interés nacional. En contrapunto con el rencor peruano, amarró el desarrollo futuro de ambos países a una íntima enemistad, que se expresaría, para unos, en la obligación de conservar lo ganado y, para otros, en la necesidad de recuperar lo perdido. Ese amarre impediría asomarse a las posibilidades de una cooperación que los potenciara a ambos conjuntamente"3.

Esta imagen de ganador y vencido y su repercusión en el alma nacional se mantienen hasta hoy; pero adquieren nuevas formas y se unen a nuevas imágenes que ayudan a construir una percepción fundamentalmente antagónica del otro.

A esto contribuye el que, a pesar de los avances sustantivos en materia comercial, no se haya logrado un mayor desarrollo en la solución de la agenda histórica, en la que se pueden identificar una serie de demandas insatisfechas por parte de los peruanos:

Primero, para algunos actores de la sociedad peruana, la solución a las Cláusulas pendientes del Tratado de 1929 -alcanzada en 1999 por ambos países- no es satisfactoria para Perú y han planteado demandas sobre asuntos de delimitación marítima, que mantienen vigentes en la agenda bilateral los temas de frontera, a pesar de la posición chilena consistente en que no hay cuestiones limítrofes pendientes. Esto ha sido rescatado por el gobierno peruano y de hecho en el primer proyecto de Libro Blanco de la Defensa Nacional de Perú, dentro del escenario subregional se señala "En estos últimos años varios países de la subregión luego de tensiones han alcanzado acuerdos en materia de límites en el marco del derecho internacional, como Chile- Argentina y Perú-Ecuador, lo que ha reducido parcialmente las posibilidades de confrontaciones violentas, sin embargo, aún subsisten algunas discrepancias que deben ser solucionadas a través de la vía diplomática, tal como la delimitación marítima entre Perú y Chile, así como la ejecución de asuntos pendientes establecidos en el Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador del 26 de octubre de 1998, donde deben prevalecer los esfuerzos entre los países que puedan originar una evidente carrera armamentista con proyecciones de expansión económica y futuras pretensiones encubiertas"4. Aunque en la versión final se eliminó la referencia explícita al caso chileno, sí se deja constancia de la posibilidad de conflicto por los límites marítimos. En la tipología de posibles conflictos y enfrentamientos, específicamente en el acápite de conflictos territoriales tradicionales, se habla de los asuntos demarcatorios pendientes en las fronteras marítimas, fluviales y lacustres5.

Segundo, la devolución de ciertos trofeos de guerra. Libros, documentos y el emblemático Huáscar. Esto se evidencia en las declaraciones del Almirante Alfredo Palacios Dongo, ex Comandante General de la Marina peruana, quien pidió al entonces Canciller Allan Wagner "iniciar las gestiones para la repatriación del patrimonio que nuestro país perdió durante la Guerra del Pacífico, en particular el monitor Huáscar, tomado como trofeo por el Ejército chileno"6. En la práctica estos temas pendientes del post conflicto -esta noción de falta de soluciones por alcanzar- han agudizado en determinado sector de la sociedad peruana la imagen del país vencido frente al Chile victorioso. Las consecuencias de este conflicto se evidencian incluso, según José Rodríguez Elizondo, en la estructuración de la sociedad peruana. A juicio del autor, existirían tres sectores claramente diferentes respecto a la vinculación con Chile: dos posiciones minoritarias opuestas y una posición central oscilante y definitoria.

De un lado está una minoría clara y duramente revanchista, para la cual es vital mantener una "ventana abierta" que justifique la recuperación del patrimonio territorial perdido, cuando el balance de fuerzas militares lo permita. Las cláusulas pendientes del Tratado de 1929 cumplen esa función y, por tanto, nada convencerá a esta minoría para contribuir a aprobar un finiquito formal.

En cuanto a la minoría opuesta, postula que es anacrónico seguir esperando una revancha bélica, pues en las condiciones socioeconómicas del país, y vista la interdependencia global, jamás habrá victoria con sentido en una nueva guerra chileno-peruana. Esta minoría, que no puede arriesgarse a ser percibida como "chilenófila", está compuesta fundamentalmente por los sectores de mejor nivel socioeconómico y por la parte más lúcida de la intellegentsia.

... El gran bloque central de la nación oscila entre ambas minorías, de acuerdo con la coyuntura, la capacidad de convicción y los medios que ellas desplieguen. En períodos de distensión, esto favorece a la segunda minoría, no por afecto a Chile sino por el peso obvio de la racionalidad. Sin embargo, en períodos de tensión, puede favorecer a la minoría ultranacionalista, dada la ventaja que ésta tiene en el empleo agresivo de la comunidad7.

II. LA NOCIÓN DE INVASIÓN

Son los sectores más conservadores, que quedan representados en esta diferenciación, los que más evidencian la persistencia de una imagen de país invadido, frente al auge de las inversiones de chilenos en Perú, que se desarrolla desde inicios de la década de los noventa.

En general, existe la percepción de que la llegada de capitales chilenos al Perú favorece el crecimiento y el desarrollo económico, pero para determinados sectores de la sociedad peruana esto ha constituido una nueva invasión.

En 1996 la revista Debate, en su edición de marzo-abril de 19968, daba a conocer una encuesta realizada a 504 personas mayores de 18 años, de ambos sexos y de todos los niveles socioeconómicos, residentes en la zona metropolitana de la Lima, que entregaba un panorama poco alentador. Ante las preguntas de ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que ingresen al Perú capitales chilenos? Y ¿si el ingreso de capitales chilenos generara más puestos de trabajo, cambiaría usted de opinión?, el universo estudiado mostró la siguiente disposición:

TABLA 1: ¿Está usted de acuerdo con que ingresen capitales chilenos al Perú? (Encuesta de opinión pública)

Claramente los grupos de menor educación y mayor edad son más reacios a un acercamiento con Chile y se ven más afectados por lo que la prensa peruana graficó como una "invasión chilena".

En qué se sustentaría esta imagen de invasión:

1. En la llegada masiva de capitales chilenos a invertir sobre todo en servicios básicos, que son actividades que tienen mayor visibilidad pública.

2. Una conducta negativa de ciertos empresarios chilenos en el exterior. En este sentido, se argumenta cierta prepotencia, falta de adecuación a la idiosincrasia del país e ineficiencias en el manejo de las relaciones interempresa y de la empresa con el exterior.

3. Aunque en los últimos años esta imagen de "país invasor" no tiene la misma fuerza, porque ya las inversiones chilenas se han diversificado y no se desarrollan con el dinamismo de hace unos años, sí persisten las críticas frente a la acción de los empresarios chilenos en Perú, pero bajo otro concepto. Se los acusa de desarrollar expansionismo, afectando la industria peruana a través del desarrollo de monopolio. Esas fueron las acusaciones generadas en el marco del conflicto Lan Perú, cuando se señaló que la propiedad de esta aerolínea sería mayoritariamente de chilenos.

III. LA ARROGANCIA CHILENA

La imagen actual, que se ve alimentada por estas dos visiones -del país ganador e invasor-, y que estructura la percepción que existe en Perú respecto a Chile, es la de un país arrogante, orgulloso de su potencialidad económica y de su estabilidad política.

Esto lo grafica Francisco Durand, profesor de la Universidad de San Antonio, Texas9, al señalar que:

… La manera como los de arriba del país del sur miran a los de abajo también se observa en sus relaciones con sus vecinos, Bolivia y Perú, países vistos como "de indios", y al cual siguen los epítetos consabidos de subdesarrollado, inestable, pobre, atrasado, porque ahora se presentan como la isla del éxito económico en un mar de fracasos. El hecho de que Chile haya mejorado notablemente sus indicadores económicos, y en menor medida los sociales, y que haya adoptado incluso la meta de llegar a ser "desarrollado" para el 2021, aniversario de la independencia, refuerza ese sentimiento. O mejor dicho, lo esconde bajo el manto de haber -a diferencia de sus vecinos- superado esa condición de atraso, lo que lo hace "superior". Que bolivianos y peruanos pobres migren a ese país en busca de mejores oportunidades refuerza el rechazo, porque ahora "los indios están adentro" y el racismo nacionalista ya no se siente sino se práctica.

Esta arrogancia, desde la perspectiva de Durand y de otros analistas peruanos estaría sustentada básicamente en dos elementos:

1. La imagen de una capitanía que supera al virreinato. Esta tesis también es sustentada por Rodríguez Elizondo, quien argumenta que "la victoria dio inicio, así, a un "cambio de pelo" nacional. Los chilenos se liberaron de su sentimiento de subordinación a los peruanos en lo cultural, político y económico. Atrás quedó el tiempo en que Santiago lucía como un villorrio marginal, dependiente de la Lima virreinal en casi todo. Como otra ganancia, se sintieron vengados por la que percibían como ingratitudes históricas"10.

2. Un país que privilegia su vinculación con otras regiones y opta por diferenciarse de su entorno inestable.

IV. EL OTRO ESCENARIO: LA PERCEPCIÓN CHILENA

En Chile también existen diferentes posiciones frente a la relación bilateral: hay una mayoría proclive a un acercamiento entre ambos países, basado en el incremento del intercambio bilateral y de las inversiones en ese país. Su planteamiento es que Perú es un socio confiable, que está en un período de estabilización económica y que existen las condiciones para un acercamiento mayor.

Un segundo grupo ve con mayores reservas el acercamiento bilateral. Unos por razones estratégicas -de los riesgos que conllevaría una mayor integración en la zona norte- y otros por la inestabilidad del gobierno peruano y el escaso nivel de apoyo que ostenta el Presidente Toledo. No se evidencia la existencia de un sector totalmente contrario a un acercamiento con Perú. Si realmente existe, no tiene repercusión nacional y menos en la formación de decisiones sobre política exterior11.

De hecho, uno de los principios fundamentales de la política exterior del actual gobierno chileno es "priorizar sus relaciones con los países vecinos, de manera de asegurarle al país un entorno de paz y desenvolvimiento económico sobre la base de la estabilidad y prosperidad también de sus vecinos, por lo cual tiene que aprovechar todas las oportunidades para acrecentar la cooperación vecinal"12. Esto representa una continuidad respecto a lo efectuado, en general, en la política exterior chilena y es el marco que ha permitido que se avance a nivel comercial y en otros ámbitos, como en el proyecto de homologación de sus gastos militares, uno de los principales generadores de desconfianza entre dos gobiernos, no sin dificultad. Además, se ha establecido como mecanismo permanente el 2+2, reuniones periódicas entre los cancilleres y ministros de defensa de ambos países, y se siguen desarrollando medidas de confianza mutua entre las fuerzas armadas.

En general, no existe constancia de una opción por contraponer una imagen exitosa, expansionista, frente a la de un vecino con problemas de inestabilidad política y pobreza estructural, aunque en el último tiempo ha evidenciado niveles muy positivos de evolución macroeconómica.

Algunos sectores, dentro de Chile, sí resaltan la existencia de una nueva arrogancia y de un intento por diferenciarnos de nuestro vecindario, como señala el sociólogo Jorge Larraín. "Hemos acentuado más, en el último tiempo, aquello que nos separa del resto de América Latina. Y eso, a partir de un discurso identitario nacido en los 80. Un discurso triunfalista, que habla de un país ganador, un país modelo, que nos lleva a distanciarnos de otros países, que no son tan ganadores ni tan modelos. Que no han aplicado las recetas como nosotros"13.

No obstante, al nivel oficial y de los actores involucrados en el acercamiento con Perú se ha trabajado por evitar esta imagen de país "arrogante" e "invasivo". De hecho los empresarios nacionales han variado sustantivamente su estrategia de posicionamiento en Perú.

V. HIPÓTESIS DE CONFLICTO

A nivel de la ciudadanía en general, no se evidencia la posibilidad de un conflicto armado con nuestros vecinos. Eso sí, de presentarse tal escenario, una encuesta realizada por FLACSO-Chile en el 2002 muestra cómo en el caso hipotético de una guerra la población considera más factible que el enfrentamiento sea con Perú (ver figuras 1 y 2).

FIGURA 1: Percepción de posibilidad real de conflicto armado con alguno de los países limítrofes de Chile

FIGURA 2: En caso de un conflicto armado, ¿con qué país limítrofe sería más factible? (pregunta realizada sólo a quienes creen en la posibilidad real de una guerra)

No obstante, existen una serie de instancias o situaciones que posibilitan el desarrollo de confrontaciones entre ambos países, que no necesariamente repercutirán en una acción armada. En la mayoría de estas situaciones se denota que el origen del conflicto es una percepción negativa del otro y la persistencia de imágenes confrontacionales.

Por ejemplo, a nivel interestatal, junto con la ya nombrada discrepancia por la delimitación marítima, existen dificultades por la renovación de armamento tanto de Chile como de Perú.

El gobierno y la prensa peruana han hecho referencia a una posible carrera armamentista desarrollada por Chile. En la presentación que hizo el Ministro de Defensa peruano al Congreso para solicitar autorización para adquirir dos fragatas Lupo, identificó como una posible fuente de amenazas los cuadros de adquisiciones futuras de Chile.

Además, en una encuesta realizada por el Grupo Apoyo, el 82% de los habitantes de Lima estima que Chile trata de superar al Perú en capacidad militar y sólo el 12% indica que el país busca un equilibrio. El 6% no sabe o no responde14.

Respecto a la delimitación marítima, en clara referencia a que ésta es una consecuencia heredada de la Guerra del Pacífico, algunos sectores de Perú han propuesto relacionar esta demanda con la planteada por Bolivia. El Embajador peruano en La Paz ha planteado que "entre Chile y Perú existe una frontera marítima no delimitada todavía. Por lo tanto, dado que posiblemente la propuesta o el lugar donde se ubique la solución a la mediterraneidad boliviana esté en Arica -de acuerdo con el tratado de 1929- deberá ser con acuerdo previo entre partes. En esa medida, ambos temas, tanto la delimitación marítima entre Chile y Perú, como la salida soberana de Bolivia al mar por la misma zona, serán o deberían ser materia de una propuesta integral15.

Las imágenes antagónicas también se evidencian en los conflictos entre los Estados y los privados. En este ámbito, hay dos casos emblemáticos. El primero es el que se desarrolla en los tribunales chilenos entre la línea aérea Aerocontinente y el gobierno de Chile, en el que aerolínea plantea que fue objeto de trato discriminatorio, para favorecer el monopolio de Lan Chile, mientras que el gobierno chileno acusa a la aerolínea de lavado de dinero.

El segundo caso involucra al gobierno peruano y a Luchetti y está siendo objeto de arbitraje en CIADI. A pesar de su renuencia inicial, el gobierno peruano se ha sometido a este mecanismo de solución de conflictos. En esta controversia también la empresa chilena argumentó ser objeto de discriminación por parte del gobierno peruano.

VI. CONCLUSIONES

La relación entre Chile y Perú aún está fuertemente condicionada por la herencia histórica que se evidencia, principalmente, en la existencia de una serie de imágenes antagónicas. Estas se identifican fundamentalmente con la noción de dos países rivales, para los que la Guerra del Pacífico fue y es un elemento primordial en la generación de una identidad nacional. En el caso de Perú, es una herida siempre abierta, que implicó la perdida de la continuidad Tacna-Arica y que condicionó su vinculación con la antigua Capitanía.

En el caso de Chile, supuso la incorporación de nuevos territorios y la formación de una identidad orgullosa de los triunfos frente al antiguo virreinato poderoso.

Vencer las percepciones construidas sobre estas imágenes supone un cambio cultural, un trabajo de más largo plazo que el mero establecimiento de iniciativas comerciales y políticas.

Las discrepancias a las que hacen referencia los medios de comunicación son una visión coyuntural de este conflicto más profundo, que supone cambios en las estructuras culturales de ambos países.


2 Luis Barandarían Pagador, Desarrollo y gasto militar. El caso peruano, Editorial APOYO, Lima, Perú, octubre de 1995, pp. 55.

3 José Rodríguez Elizondo, "El siglo que vivimos en peligro", La Tercera-Mondadori, 2004, pág. 26-27.

4 Primer proyecto de Libro Blanco de la Defensa de Perú, Pto. G, pág. 6

5 Pág. 69.

6 Información del diario El Correo, 3 de diciembre del 2002.

7 José Rodriguez Elizondo, "Chile-Perú: Imágenes con interferencias", Debate XVII (87), marzo_abril de 1996 y en "Relación Chile-Perú en el marco de las Convenciones de Lima", revista Políticadel Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Volumen 33, Primavera 1995, Santiago de Chile.

8 Revista Debate, marzo-abril de 1996, volumen XVII, Número 87, APOYO Comunicaciones S.A, Lima, Perú.

9 Diario La República, abril de 2004.

10 ibid pág. 25

11 Al respecto ver Claudio Fuentes y Paz Milet, Chile-Bolivia-Perú: ¿es posible un esquema de seguridad? Análisis de las relaciones exteriores y de seguridad en los `90, en Raúl Barrios, Ed. Bolivia, Chile, Perú: una opción cooperativa, UDAPEX, Bolivia, 1997.

12 Programa de gobierno. Para crecer con igualdad, 1999.

13 La Tercera, 20 de septiembre de 2004.

14 Diario El Comercio, 16 de marzo de 2004.

15 La Razón, Bolivia, 6 de abril de 2004.

Paz Milet es periodista de la Universidad Diego Portales, Chile. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de FLACSO-Chile. Entre sus publicaciones más recientes están: Seguridad y defensa en las Américas: La búsqueda de nuevos consensos (en co-edición con Francisco Rojas Aravena, FLACSO-Chile, 2003); El Proceso de Consultas a la Sociedad Civil en la III Cumbre de las Américas (FLACSO-Chile, 2002); Estabilidad, crisis y organización de la política. Lecciones de medio siglo de historia chilena (FLACSO-Chile, 2001); Miradas a la agenda latinoamericana (FLACSO-Chile, 1999); Chile-Perú: ¿Camino hacia la confianza o la tensión? (FLACSO-Chile, 1999) y Chile-MERCOSUR: una alianza estratégica (Editorial Los Andes/FLACSO-Chile, 1997).


domingo, 1 de agosto de 2010

The Clinic: Colombia, La mayor fosa común de América Latina, muy lejos de los medios

POR AZALEA ROBLES
En la población colombiana de La Macarena, en el departamento del Meta, se encontró una fosa común con 2000 cadáveres sin identificar, hecho monstruoso que tanto el gobierno saliente de Álvaro Uribe como los grandes medios de comunicación colombianos han buscado invisibilizar.
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Recientemente en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta. Desde 2005 el Ejército, desplegado en la zona, ha estado enterrando allí miles de personas, sepultadas sin nombre.

La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres a las aguas de beber, y golpeada de desapariciones, ya había denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009: había sido en vano… pues la fiscalía no procedía a investigar. Fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009, que se ha logrado destapar este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares un Estado que les garantiza impunidad.

Se trata de la mayor fosa común del continente. Dos mil cuerpos en una fosa común, eso es un asunto grave para el Estado Colombiano, pero sus mass-media, y los mass-media internacionales, cómplices del genocidio, se han encargado de pasarla casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis… Este silenciamiento mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.

La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso… las respuestas han sido preocupantes: en fiscalía, en procuraduría, en el ministerio del interior, en la ONU… todos pretenden eludir el tema… Y mientras tanto tratan de “operar” la fosa para minimizarla, pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades reconocieron al menos 2000 cadáveres. En diciembre “el alcalde, afín al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero”, pero después, las presiones oficiales tienden a hacerles “disminuir sus apreciaciones sobre el número de cuerpos NN…”

La delegación asturiana ha denunciado la ostensible voluntad de alterar la escena del crimen: “nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas. Que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anónimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar” (1) “solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra(…) fundamental la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados.” (2)

La Delegación Asturiana transmitió a las autoridades otra denuncia. Las autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa “hay tantas fosas comunes en nuestro país que…” Se trata del municipio de Argelia en el Cauca: “Un “matadero” de gente, donde las familias no pudieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos, pues los paramilitares no las dejaron ingresar de nuevo a sus comunidades: desplazaron a los sobrevivientes. Las víctimas sobrevivientes relataron: “había gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco.”

En Colombia, la Estrategia Paramilitar del Estado Colombiano, combinada con el accionar de policías y militares ha sido el instrumento de expansión de Latifundios. El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas a través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su aparato encubierto: su Estrategia Paramilitar. (3) El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el garante del saqueo, la Estrategia Paramilitar se inscribe en esa lógica económica. (4)

La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la fosa de la Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto (más allá de su presidente Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que comprobados (5)). La complicidad de los Mass-media es criminal, tanto a nivel nacional, como internacional. Los pueblos nos debemos de romper el silencio con el que se pretende ocultar el genocidio. Urge solidaridad internacional: Colombia es, sin duda, uno de los lugares del planeta en el que el horror del capitalismo se plasma de la forma más evidente, en su paroxismo más absoluto.

Notas

(1) http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/fosas-poco-comunes.html
(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100450&titular=”europa-no-puede-firmar-un-tlc-con-un-estado-violador-de-los-derechos-humanos
(3) Informe del 16.02.2010 paramilitares confiesan 30.470 asesinatos: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares-colombianos-reconocen-haber-cometido-cerca-de-30-mil-500-asesinatos/
(4) más acerca de fosa común y Terror Estatal: http://www.lahaine.org/index.php?p=42954
(5)
http://www.kaosenlared.net/noticia/video-uribe-velez-narcotraficante-no-82-presidencia-colombia-7
http://www.lahaine.org/
, julio de 2010.